El estancamiento relacionado con la nueva Constitución iraquí se ha acentuado, luego de que los legisladores fracasaran, por tercera vez, en el intento de lograr un acuerdo acerca del documento.
Por más de una semana, la gran división acerca de la Constitución ha sido un símbolo de los errores de cálculo por parte del gobierno de Bush, que previó que el documento estaría finalizado en fecha. Los debates constitucionales se interrumpieron luego de que algunos importantes líderes chiitas anunciaron que pasarían por encima de sus pares sunitas y de todos los legisladores iraquíes, y enviarían el documento directamente a los votantes de Irak para su aprobación.
Esa iniciativa de los chiitas, ignorando la solicitud de los sunitas de realizar cambios al documento, llevó a que los sunitas amenazaran con incitar a sus seguidores a rechazar el proyecto cuando sea sometido a un referéndum nacional, como se prevé hacer en octubre. En este momento, la principal discrepancia se centra en que algunas poderosas fracciones chiitas buscan establecer una confederación provincial en el sur de Irak, con acceso privilegiado a los recursos petroleros de la región, reduciendo de esa manera la parte de los árabes sunitas.
Mientras crece el debate acerca de la Constitución, los derramamientos de sangre continúan dominando las noticias que salen de Irak. Durante los últimos dos días murieron por causas violentas unos 100 iraquíes, muchos de ellos en enfrentamientos entre sectores religiosos.
Esos enfrentamientos llevaron al clérigo chiita radical Moqtada al Sadr, líder del llamado Ejército Medí, a una inusual aparición pública, luego de su oficina fuera atacada por hombres armados. Al Sadr y su grupo cuentan con apoyo popular en las provincias pobres del centro de Irak, y se oponen al establecimiento de una federación en ese país, lo que lo ubica del mismo lado que la mayoría de los sunitas.
El jueves, seguidores de Al Sadr se enfrentaron a chiitas que apoyan el proyecto de Constitución, integrantes del grupo Badr que lidera Abdul Aziz al Hakim, a quien
“Exijo que el hermano Abdul Aziz al Hakim realice un anuncio oficial condenando las agresiones perpetradas por sus representantes y algunos extremistas contra las oficinas (…) Esperamos que él y los hermanos de la Organización Badr lo hagan”, dijo.
Mientras tanto, el presidente iraquí Jalal Talabani sobrevivió a un intento de asesinato en el que murieron ocho de sus guardaespaldas y otros 15 resultaron heridos. Esto sucedió al tiempo que la policía encontraba los cuerpos de 36 hombres maniatados y ejecutados, cerca de la frontera con Irán.
Pasamos a noticias de Medio Oriente. Las fuerzas israelíes atacaron un campamento de refugiados en Tulkarem y mataron allí a cinco palestinos, tres de los cuales eran adolescentes desarmados. El presidente palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de sabotear las perspectivas de paz, mientras que combatientes palestinos en Gaza lanzaron misiles hacia Israel a modo de represalia. Testigos aseguraron que tres de los muertos eran adolescentes desarmados y que los otros dos eran combatientes, uno de la Brigada de Mártires Al Aqsa, una facción armada del movimiento Al Fatá, y el otro de Yihad Islámica. Las muertes sucedieron poco después de que Israel finalizara esta semana la evacuación de sus 21 asentamientos en Gaza, y de cuatro de sus 120 asentamientos en Cisjordania.
Bibliotecarios comenzaron la histórica impugnación de una cláusula polémica de la Ley Patriota de Estados Unidos, que exige informar al gobierno sobre los registros de préstamos de los usuarios de las bibliotecas. La demanda fue presentada el 9 de este mes por una biblioteca no identificada y por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que la dio a conocer el jueves, contra el Fiscal General de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y contra el director del FBI, Robert Mueller, ante el Tribunal de Distrito de Connecticut.
Los demandantes sostienen que la orden del FBI de mostrar registros de bibliotecas es claramente inconstitucional, y que la prohibición judicial vigente de hablar públicamente de la demanda constituye una restricción ilegal a la libertad de expresión. En virtud de esa prohibición, los detalles sustanciales de la demanda fueron tomados por Democracy Now! de la página en Internet de la ACLU. Se especula que la biblioteca está ubicada en Connecticut, ya que la demanda fue presentada allí con la participación de la filial de la ACLU de Connecticut.
Dos senadores demócratas solicitan a John Roberts, candidato a la Corte Suprema, que explique, antes de las audiencias para su confirmación, por qué actuó como juez en una demanda contra el gobierno de Bush mientras era entrevistado para evaluar su postulación a ese cargo.
En ese juicio, el fallo de Roberts fue que el gobierno de Bush podía negar a los prisioneros de Guantánamo los derechos constitucionales que tendrían, en teoría, ante tribunales de Estados Unidos. Los senadores Charles Shumer, de Nueva York, y Russ Feingold, de Wisconsin, escribieron una carta a Roberts, y señalaron que las respuestas del candidato determinarán si plantean esta cuestión en las audiencias de confirmación de Roberts como integrante de la Corte Suprema, que comienzan el 6 de septiembre.
Mientras tanto, poco más de una semana antes del comienzo de las audiencias de confirmación de Roberts, aún hay polémica sobre la negativa de la Casa Blanca a publicar todos los documentos existentes acerca del candidato. Según el Washington Post, uno de los archivos no revelados se relaciona con el caso Irán-Contra.
El diario informó que se trata de un borrador realizado por Roberts para sus jefes, con un encabezado que se refería al establecimiento de la Oficina de Ayuda Humanitaria a Nicaragua. Esa oficina fue una de las vías para que el gobierno de Reagan burlara las Enmiendas Boland, que prohibían que las agencias de inteligencia de Estados Unidos otorgaran dinero a los contras. La oficina fue utilizada para canalizar grandes cantidades de dinero hacia escuadrones de la muerte.
Mientras tanto, el grupo de derechos civiles People for the American Way ha solicitado oficialmente a los senadores estadounidenses que no confirmen a Roberts. El grupo emitió una declaración en la que sostiene: “Un análisis de los antecedentes de John Roberts, y de las miles de páginas de documentos publicadas hasta el momento por el gobierno, muestran que confirmar a John Roberts pondría en peligro gran parte del progreso realizado en el país en materia de derechos civiles en el último medio siglo”.
Un funcionario de alta jerarquía de la Cruz Roja italiana dijo al diario La Stampa que esa organización humanitaria asistió el año pasado a cuatro combatientes iraquíes de la resistencia que estaban heridos, con el conocimiento del gobierno italiano, y los ocultó de las fuerzas estadounidenses a cambio de la libertad de dos trabajadores secuestrados.
Maurizio Scelli, jefe saliente de la Cruz Roja italiana, dijo al diario que ocultó el acuerdo a los funcionarios estadounidenses para cumplir con lo que denominó “una condición no negociable”, impuesta por los mediadores iraquíes que lo ayudaron a asegurar la liberación de las italianas Simona Pari y Simona Tortea. Pari y Tortea fueron secuestradas en Bagdad el 7 de septiembre de 2004 y liberadas el 17 días después.
El funcionario dijo: “Los mediadores nos pidieron que salváramos las vidas de cuatro supuestos terroristas buscados por los estadounidenses, que fueron heridos en combate. Los ocultamos y los trasladamos para que fueran asistidos por médicos de la Cruz Roja, que los operaron”. Según la explicación de Scelli, la Cruz Roja llevó a los combatientes heridos a un hospital de Bagdad en un jeep y en una ambulancia, logró que atravesaran dos puestos de control estadounidenses ocultos bajo frazadas y cajas de medicamentos.
Otra parte del trato fue que cuatro niños iraquíes con leucemia fueran trasladados a Italia para recibir tratamiento. Scelli dijo que informó al gobierno del Primer Ministro Silvio Berlusconi sobre el trato y la decisión de ocultarlo a Estados Unidos. El gobierno italiano no confirmó ni negó la noticia, pero intentó mantener distancia de la Cruz Roja.
El banco JP MorganChase inició una investigación para determinar por qué, al enviar una carta para ofrecer una tarjeta de crédito a un palestino-estadounidense, la dirigió a nombre de “Palestinian Bomber”, o sea “Atacante con Bombas Palestino”. Sami Habbas recibió esa carta no solicitada de la sección de tarjetas de crédito del banco, y dijo que al llamar a la compañía para presentar una queja, dos operadores que tomaron su llamada se refirieron a él como “Señor Atacante”. El banco sostiene que la información para enviar la carta fue obtenida de un vendedor de direcciones.
