Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, intensificó su ataque contra las ciudades santuario al afirmar el martes que el Departamento de Justicia se negará a otorgarles cientos de millones de dólares de fondos federales, a menos que accedan a colaborar con la represión del gobierno federal contra inmigrantes indocumentados. Sessions sostuvo que si las ciudades quieren recibir fondos federales deben permitir a las autoridades federales de inmigración actuar dentro de las cárceles y avisar a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando una persona indocumentada está por ser liberada.
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