Y en Puerto Rico, el juez federal estadounidense que presidió la gran bancarrota de la isla aprobó un acuerdo el miércoles que haría que las reclamaciones de los acreedores contra los impuestos de venta del territorio sean aprobadas a mediados de diciembre. El plazo acelerado se produce al tiempo que hay activistas congregados frente al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, en apoyo a un grupo de acreedores no asegurados que exigen una investigación sobre la deuda de Puerto Rico, citando posibles conflictos de intereses entre los miembros de la Junta de Supervisión y los portadores de bonos.
Eva Prados, abogada del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, dijo: “Lo que está ocurriendo en este tribunal no es un procedimiento de quiebra común. Es, de hecho, el procedimiento de quiebra más grande que se ha llevado en todos los Estados Unidos y donde se va a estar definiendo el futuro económico de Puerto Rico. ¿Por qué estamos favoreciendo esta moción presentada por un grupo de acreedores? Porque entendemos que esa investigación que se está planteando, es una investigación sumamente importante. Entendemos que este comité de acreedores, precisamente porque tiene interés en que se evalué la legalidad de esta deuda, en particular todo lo que tiene que ver con las emisiones bancarias. Pues presentan una buena oportunidad para que se evalúe el rol de estos bancos de manera objetiva”.
En la última serie de medidas de austeridad, la junta de control fiscal dijo esta semana que recortará las pensiones de la mayoría de los jubilados de Puerto Rico hasta en un 25% y que reducirá la jornada de trabajo para todos los funcionarios públicos, excepto policías, en hasta dos días al mes.
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