Puerto Rico planea trasladar a 3.200 prisioneros a cárceles privadas en el territorio continental estadounidense, a miles de kilómetros de distancia de sus familias, que viven en la isla. La propuesta es parte de una serie de medidas de austeridad impulsadas por la junta de control fiscal de Puerto Rico, un organismo que no fue electo, a raíz de la devastación causada por el paso del huracán María, en 2017. Según las autoridades, el plan significará un ahorro de 400 millones de dólares para Puerto Rico a lo largo de los próximos cuatro años. Los prisioneros se oponen al plan, argumentando que si se pusiera en práctica haría casi imposible que recibieran visitas de sus familiares.
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