El gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó el viernes un proyecto de ley que exige que las personas que fueron anteriormente encarceladas con condenas por delitos graves paguen a la corte todas las multas y aranceles antes de recuperar el derecho al voto. Agrupaciones en defensa de los derechos civiles sostienen que la medida es esencialmente un impuesto al sufragio. Una demanda presentada por personas anteriormente encarceladas y agrupaciones entre las que se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, fue presentada de inmediato tras la firma del proyecto de ley.
En noviembre pasado, el 65% de los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 4, que restablece los derechos de voto de 1,4 millones de personas que fueron sentenciadas por delitos graves no violentos y cumplieron sus condenas, al anular una ley de la era Jim Crow dirigida a suprimir el voto afroestadounidense. No obstante, los legisladores republicanos han estado trabajando para impedir que la medida sea implementada en su totalidad.
Tras la firma del proyecto de ley, llevada a cabo el viernes, la Coalición por la Restauración de los Derechos de Florida, que lideró la campaña para la aprobación de la Enmienda 4, anunció la creación de un nuevo fondo para ayudar a las personas que fueron condenadas anteriormente a pagar sus multas y aranceles, y ayudarlas a registrarse para votar a través del sitio web WeGotTheVote.org. Visite democracynow.org/es para ver nuestras entrevistas con Desmond Meade, el jefe de la Coalición de Restauración de los Derechos de Florida.
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