El Gobierno de Donald Trump está recibiendo críticas generalizadas por una propuesta para debilitar la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental. La ley se promulgó en 1970 para abordar la creciente preocupación por la contaminación descontrolada y los posibles impactos de grandes proyectos como carreteras, represas y minas. El Gobierno de Trump está intentando acelerar la aprobación de nuevas normas que rijan cómo se implementará la ley, recortando el tiempo de revisión medioambiental y eliminando toda consideración del cambio climático como posible impacto de los proyectos. Los partidarios de los cambios incluyen a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y al Instituto Americano del Petróleo, que está financiado por los hermanos Koch.
A principios de esta semana el Consejo de Calidad Ambiental celebró una audiencia pública en Denver sobre el cambio en la norma. Cerca del lugar se celebró una protesta liderada por indígenas que se oponen al retroceso en la ley, criticando las normas propuestas, así como el acceso limitado que el público tenía a la propia audiencia, que requirió una inscripción anticipada y que quedó sin plazas disponibles en dos minutos. Entre los pocos que tuvieron acceso para hacer una declaración formal en la audiencia estaba Alma Sánchez, del grupo Defenders of Wildlife.
Alma Sánchez sostuvo: “Soy una mexicana guatemalteca de 28 años que se preocupa mucho por el medioambiente, la vida silvestre, las tierras públicas de nuestra nación y la salud de todas nuestras comunidades. Aunque sólo tengo 28 años, sé lo suficiente como para entender y soy lo suficientemente adulta para haber sido testigo de que son las comunidades de color y las económicamente desfavorecidas las que desproporcionadamente son víctimas de la contaminación ambiental y la polución. Existen más probabilidades de que las carreteras, las refinerías, las centrales eléctricas y los residuos tóxicos acaben en mi comunidad y no en otras. Nuestros hijos tienen más probabilidades de tener asma. La Ley Nacional de Política Ambiental es fundamental para proteger la salud y los derechos de las minorías y las comunidades marginadas. La ley obliga al Gobierno federal a dar a conocer sus acciones e informar sobre los efectos ambientales. La norma le da al público una voz en la toma de decisiones. Ese no será el caso con las nuevas reglas que se proponen. El Gobierno no estará obligado a considerar y revelar la gama completa de efectos ambientales. Peor aún, especialmente para mi generación, que ha heredado las consecuencias y cargas del cambio climático, el Gobierno no tendrá que decirnos cómo sus acciones, por ejemplo, el arrendamiento de tierras para la explotación de petróleo y gas, afectarán el cambio climático. Para mí, esto es inaceptable. Todos tenemos derecho a saber lo que el Gobierno está haciendo y cuáles serán las consecuencias para el medioambiente. Este reglamento es otro regalo para los contaminadores y otro golpe para un medioambiente limpio y unas comunidades saludables. El Gobierno de Trump debe retirar esta propuesta nociva y dejar de dañar a comunidades como la mía”.
Esto fue lo que dijo Alma Sánchez, de Defenders of Wildlife, el lunes en la audiencia realizada en Denver contra el retroceso que se plantea para la Ley Nacional de Política Ambiental. La segunda y última audiencia pública está programada para el 25 de febrero en Washington D. C.
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