El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó por cinco votos a favor y cuatro en contra permitir que continúe aplicándose la “norma de carga pública” de Donald Trump, al dejar sin efecto una orden judicial emitida por un tribunal inferior de Illinois que impedía la aplicación de dicha norma. La medida procura restringir severamente la cantidad de inmigrantes de bajos ingresos mediante la negación de permisos de residencia y visas a todas aquellas personas que soliciten prestaciones sociales como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios para vivienda. El mes pasado, la Corte Suprema dejó también sin efecto una orden judicial que impedía la aplicación de la norma a nivel nacional.
La jueza Sonia Sotomayor redactó una feroz declaración de desacuerdo en la que sostuvo: “Alegando una emergencia tras otra, el Gobierno ha solicitado aplazamientos en una cantidad de casos sin precedentes, demandando inmediata atención y consumiendo los limitados recursos de la Corte en cada oportunidad. Y con cada sucesiva aplicación su urgencia es cada vez más cuestionable. La Corte ha actuado demasiado rápidamente al acceder a las ‘reflexivas’ solicitudes del Gobierno. Pero no se confundan: modificar así el propio comportamiento de la Corte tiene su costo”.
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