En la ciudad de Washington D.C., el juez federal de distrito Amir H. Ali ha ordenado al Gobierno de Trump cumplir con sus obligaciones de pagar casi 2.000 millones de dólares de fondos de ayuda internacional adeudados a beneficiarios de subvenciones y contratistas del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). En el fallo del lunes, el juez dijo que es probable que el congelamiento de los fondos de ayuda internacional por parte del Gobierno de Trump viole la separación de poderes y escribió al respecto: “El poder constitucional sobre si gastar los fondos de la ayuda internacional no es del presidente, sino que pertenece al Congreso”.
Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos ha ordenado la destrucción generalizada de documentos clasificados y otros registros de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que el presidente Trump y Elon Musk están tratando de desmantelar. Un correo electrónico de la directora ejecutiva en funciones de dicha agencia federal, Erica Carr, dice al respecto: “Trituren primero la mayor cantidad de documentos posible y reserven las bolsas de incinerado para cuando la trituradora no esté disponible o necesite un descanso”. No está claro si algún funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional obtuvo permiso de los Archivos Nacionales para destruir los documentos, una medida que es necesaria en virtud de la Ley de Registros Federales de 1950.
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