El periódico The New York Times informa que funcionarios militares israelíes están instando en privado a las comunidades cristianas y drusas del sur del Líbano a expulsar a los residentes musulmanes chiítas que se encuentran refugiados en dichas comunidades. Organizaciones en defensa de los derechos humanos condenaron el plan y lo calificaron como una campaña de limpieza étnica. Esto se produce al tiempo que Israel ha ordenado ampliar, desde el río Litani hasta zonas situadas al norte del río Zahrani, lo que ha descrito como una “zona de amortiguación” en el Líbano, lo que ha provocado el desplazamiento de alrededor de una quinta parte de la población libanesa. Los ministros de Finanzas y Defensa de Israel se han pronunciado a favor de que Israel se anexione el sur del Líbano. Más de 1.200 personas han muerto en ataques israelíes desde el 2 de marzo. La Organización Mundial de la Salud ha registrado al menos 120 ataques contra infraestructura médica en el Líbano, Irán e Israel desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, la ONU afirma que tres miembros indonesios de sus fuerzas de mantenimiento de la paz que murieron el fin de semana pasado en ataques en el sur del Líbano pueden haber sido víctimas de crímenes de guerra y que se está llevando a cabo una investigación al respecto.
Stéphane Dujarric: “Hemos dicho repetidas veces que estos incidentes son inaceptables y exigen que los responsables rindan cuentas. […] Los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional”.
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