El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump acusó formalmente el martes a la organización Southern Poverty Law Center de once cargos federales de fraude. La acusación alega que la destacada organización de defensa de los derechos civiles estadounidenses utilizó en secreto más de tres millones de dólares de fondos provenientes de donantes para pagar a informantes infiltrados en grupos defensores de la supremacía blanca, como el Ku Klux Klan, las Naciones Arias y la Alianza Nacional. Un gran jurado federal en el estado de Alabama ha imputado a la organización por fraude bancario, fraude electrónico y asociación delictiva para cometer lavado de dinero.
Por su parte, Southern Poverty Law Center rechazó los cargos, alegando que estos respondían a intereses políticos, y afirmó que el programa de informantes se utilizaba para monitorear amenazas de violencia y recopilar información sobre estas, la cual se compartía de manera rutinaria con las fuerzas del orden locales y federales. Estas fueron las palabras expresadas por el director ejecutivo interino de Southern Poverty Law Center, Bryan Fair.
Bryan Fair: “Este uso de informantes era necesario debido a que no somos ajenos a las amenazas de violencia. En 1983, nuestras oficinas fueron atacadas con una bomba incendiaria. Y en los años posteriores, nuestro personal ha sido objeto de innumerables amenazas creíbles. Durante décadas, hemos estado involucrados en un litigio sin precedentes para desmantelar al Ku Klux Klan y otros grupos de odio”.
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