El Gobierno de Trump ha amenazado a los funcionarios electorales de todo Estados Unidos con enjuiciarlos si, de manera deliberada, dejan en sus padrones electorales a personas que no son ciudadanas estadounidenses, o permiten a estas recibir o emitir votos. En una carta enviada a los 50 estados y al Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte que los funcionarios electorales estatales y locales podrían enfrentar multas y penas de prisión si permiten a personas no ciudadanas votar en las próximas elecciones. La carta dice: “Lo alentamos a que se comunique con nosotros para analizar qué medidas debe tomar su estado para mantener los padrones limpios tal como lo exige la ley”. La directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, fue quien envió dicha carta, y lo hizo el mismo día en que anunció planes para enviar observadores electorales a 15 jurisdicciones de seis estados para las próximas elecciones primarias.
Harmeet Dhillon: “Esta es una meta importante que aumenta la confianza de los votantes, y también es fundamental garantizar que nuestras elecciones sean precisas, de modo que el voto de cada ciudadano se cuente por igual, en lugar de ser anulado por alguien que no debería estar votando”.
Mientras tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha anunciado que no entregará fondos federales de seguridad nacional a los estados y ciudades hasta que estos hayan presentado pruebas de su cumplimiento con los requisitos electorales del Gobierno de Trump. En respuesta, la congresista del estado de Washington Pramila Jayapal escribió: “El Gobierno de Trump está usando el miedo y la financiación para controlar quién puede votar y quién cuenta los votos. Las elecciones pertenecen al pueblo, no a quien tiene miedo de perder una”.
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