Una jueza federal estadounidense criticó duramente la demanda de 10.000 millones de dólares que el presidente Trump presentó contra el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, alegando que fue presentada con “fines indebidos” y que constituía un intento de utilizar al tribunal “para otorgarse miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses [por agravios no definidos legalmente.]”. La jueza también sancionó a los abogados de Trump, entre ellos el fiscal general interino Todd Blanche, por manipular el proceso judicial al presentar la demanda contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de las declaraciones de impuestos de Trump.
La demanda concluyó con un acuerdo que otorgaba al presidente Trump inmunidad frente a futuras auditorías fiscales e inicialmente creó un llamado “fondo contra la instrumentalización política del Poder Judicial” de casi 1.800 millones de dólares para compensar a los aliados de Trump. Una auditoría habría supuesto para el presidente Trump una deuda fiscal de 100 millones de dólares si el Servicio de Impuestos Internos hubiera detectado irregularidades. Tras una fuerte reacción pública, incluso por parte de funcionarios republicanos, el Gobierno de Trump finalmente abandonó la creación del fondo contra la politización del Poder Judicial.
El lunes, la jueza federal Kathleen Williams declaró en su fallo que el Gobierno no puede alegar que su acuerdo con el presidente Trump se llevó a cabo como parte de un proceso legal legítimo. La jueza Williams también solicitó que se envíe una copia de la orden al Colegio de Abogados de Nueva York, del cual el fiscal general interino Blanche es miembro y donde actualmente enfrenta múltiples denuncias de violación a las normas de ética.
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