El Departamento de Justicia demandó a Carolina del Norte por su ley antitransgénero. Esta ley, conocida como el “proyecto de ley de baños públicos”, prohíbe a personas transgénero usar el baño que se corresponda con su identidad de género e invalida ordenanzas locales destinadas a proteger a las personas LGTB de la discriminación. La fiscal general, Loretta Lynch, anunció el pleito el lunes y dijo que el gobierno está del lado de las personas transgénero.
Loretta Lynch expresó: “Esta ley no brinda ningún beneficio a la sociedad, y lo único que hace es dañar a estadounidenses inocentes. En vez de alejarnos de nuestros vecinos, amigos y colegas, vamos a aprender de nuestra historia y a evitar repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre la lección obvia, pero a menudo olvidada, de que la discriminación sancionada por el Estado nunca se ve bien y nunca ha funcionado en retrospectiva”.
Por su parte, funcionarios de Carolina del Norte demandaron al gobierno federal con el fin de defender la ley antitransgénero. El gobernador Pat McCrory criticó la participación del gobierno de Barack Obama.
Pat McCrory declaró: “Nuestra asamblea legislativa estatal considera que fue una extralimitación innecesaria del gobierno en el sector privado mediante una imposición de normativa que tiene impacto sobre la privacidad. La asamblea legislativa estatal y este gobernador también creen que cabía implementar directrices a causa de este nuevo asunto público para edificios gubernamentales, nuestras escuelas y áreas de descanso, para garantizar la privacidad y la expectativa de privacidad para todos”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) también presentó una demanda contra la ley de Carolina del Norte. Su abogado Chase Strangio dijo que la ley, en última instancia, será derrotada.
Chase Strangio declaró: “Esta ley será revocada en la corte o derogada por los legisladores cuando se den cuenta de que redoblar la apuesta de esta manera no es políticamente conveniente ni económicamente viable para su estado. Es solo una cuestión de cuánto tiempo va a llevar y de la cantidad de dinero de los contribuyentes que el gobierno de Carolina del Norte esté dispuesto a gastar en el ínterin para defender esta discriminación”.
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