El gobierno de Trump obligó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) a congelar todas las subvenciones y contratos, y amenazó con interrumpir sus operaciones clave, como por ejemplo la limpieza de lugares tóxicos y las pruebas de rutina sobre la calidad del agua. El gobierno de Trump también impuso un apagón mediático respecto de la agencia y prohibió a la EPA emitir comunicados de prensa, publicar noticias en su blog e incluso compartir información en las redes sociales.
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