La Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a anular un fallo de un tribunal inferior que podría privar del derecho al voto a un millón de ciudadanos que estuvieron encarcelados en algún momento en el estado de Florida. En un fallo, sin firma, la Corte dejó en pie un fallo del Tribunal de Apelaciones que confirma una ley de Florida, aprobada por el gobernador republicano Ron DeSantis, que exige que las personas con condenas por delitos graves paguen las multas y tarifas de los tribunales antes de poder inscribirse para votar. Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos había comparado previamente las tarifas con el impuesto al voto en el sur de Estados Unidos en la era Jim Crow.
En una dura constancia de disidencia firmada por las juezas Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg, la jueza Sonia Sotomayor escribió: “La orden de este tribunal impide que miles de votantes que de otra manera estarían habilitados participen en las elecciones primarias de Florida simplemente porque son pobres”.
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