Honduras suspende algunos derechos constitucionales en un operativo destinado a reprimir el crimen organizado

En Honduras, los activistas en defensa de los derechos humanos advierten sobre posibles violaciones a dichos derechos luego de que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro declarara el estado de excepción, suspendiendo algunos derechos constitucionales en las dos ciudades más grandes de Honduras, la capital, Tegucigalpa, y San Pedro Sula. La medida es parte de un operativo masivo contra las pandillas y el crimen organizado. Se han desplegado miles de policías en ambas ciudades con la finalidad de arrestar y registrar de manera arbitraria a las personas que sean sospechosas de participar en actividades delictivas. Está programado que el estado de excepción se mantenga durante un mes, pero los legisladores hondureños tienen la facultad de extender este plazo. En marzo se impuso un decreto similar en el vecino El Salvador.