En El Salvador, activistas en defensa de los derechos humanos advierten de graves violaciones de las garantías procesales después de que los legisladores aprobaran la celebración de juicios masivos para las decenas de miles de personas que han sido arrestadas en el contexto de la brutal represión que el presidente Nayib Bukele está ejerciendo contra grupos criminales. Las autoridades salvadoreñas dijeron que hasta 900 acusados podrían ser procesados a la vez. El Salvador lleva 16 meses bajo estado de excepción, lo que ha suspendido varias protecciones constitucionales y ha dado lugar a la detención arbitraria de más de 70.000 personas, que no han tenido acceso a representación legal ni a juicios justos.
Mientras tanto, Honduras planea construir una isla-prisión para recluir a cientos de presuntos líderes de grupos criminales. Esto se produce después de que la presidenta del país, Xiomara Castro, aprobara a principios de este mes otra prórroga del estado de excepción que está vigente desde el año pasado para hacer frente a la violencia de los grupos criminales.
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