El viernes 9 de octubre, el Gobierno de Trump impuso sanciones de gran alcance contra la Corte Penal Internacional (CPI) que apuntan a la institución en su conjunto y se suman a las sanciones individuales previamente impuestas contra jueces y otros miembros del personal de la CPI. Los ataques del Gobierno estadounidense contra la CPI han aumentado desde que el tribunal emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estas nuevas sanciones fueron anunciadas apenas unas horas después de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a la exjueza de la CPI Navi Pillay, la jurista sudafricana que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel había cometido un genocidio en Gaza.
“En realidad, esto es como una póliza de seguro para evitar rendir cuentas por los crímenes que Estados Unidos y su aliado Israel están cometiendo a plena vista”, afirma el abogado especialista en crímenes de guerra Reed Brody, miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Las sanciones que impiden a los bancos y a las empresas con sede en Estados Unidos realizar transacciones con la CPI constituyen un “ataque existencial” contra la Corte, sostiene Brody.
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