El presidente Donald Trump sigue sembrando dudas acerca de la confiabilidad del proceso electoral en Estados Unidos y dando indicios de su intención de impugnar los resultados si son desfavorables para el Partido Republicano. En este contexto, vamos a Washington D.C., donde el lunes 2 de noviembre, un fallo judicial autorizó al Departamento de Justicia a desplegar observadores electorales en centros de votación de todo el país, siempre y cuando no sean agentes de las fuerzas del orden con facultad de realizar detenciones. “En algunos aspectos, se trata de una victoria para el electorado. Todas las personas que votan en nuestro país merecen poder emitir su voto hoy sin sufrir intimidaciones”, afirma Kristen Clarke, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), que presentó una demanda judicial para impugnar los planes del Departamento de Justicia de enviar agentes del ICE y otros agentes armados a los centros de votación.
La NAACP también fue parte de la coalición que intervino para frenar una iniciativa del Gobierno de Trump para obligar a California a anular alrededor de 20.000 boletas de voto postal que, según afirmaba, se habían enviado incorrectamente a personas que no eran ciudadanas. “Se trató de un intento chapucero de última hora, infundado y mal hecho, de manipular las elecciones en California, ni más ni menos, que ya ha sido rechazado por cuatro tribunales”, afirma Clarke. Los ataques del Gobierno al proceso electoral “no están dando frutos”, añade. “Hemos anticipado y nos hemos preparado para cualquier cosa que nos pongan en el camino”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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