La abogada y activista de derechos civiles Maya Wiley analiza a la demanda judicial por fraude iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center, que apunta contra su práctica de pagar a personas para que se infiltren en grupos promotores de la supremacía blanca, con el fin de monitorear sus actividades. El Southern Poverty Law Center dice que la acusación en su contra tiene motivaciones políticas y señala que utilizó su programa de informantes para monitorear amenazas de violencia y que la información recopilada fue compartida sistemáticamente con las autoridades locales y federales.
“Se trata de una persecución política”, afirma Wiley, directora de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, una coalición de organizaciones de derechos civiles de la cual el Southern Poverty Law Center es parte. “En países de todo el mundo hay un patrón en el modo en que se desarrolla la tiranía, según el cual quienes quieren ejercer este tipo de poder encuentran formas de desacreditar las estrategias de lucha que emprenden, dentro de la legalidad, las organizaciones para garantizar la supervivencia de la democracia”, dice Wiley.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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