El martes 19 de mayo, en una medida impactante y sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un memorando en el que declara que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene “prohibido para siempre” investigar antiguas declaraciones de impuestos del presidente Trump, su familia, su empresa y otras “empresas relacionadas”. Un día antes de emitir este comunicado, el mismo departamento había anunciado la creación de un fondo “contra el uso político del sistema de justicia”, con un presupuesto de 1.776 millones, para “compensar” a las personas presuntamente procesadas por motivos políticos por los Gobiernos de Biden y Obama, una medida que podría beneficiar a personas judicializadas por participar en la insurrección del 6 de enero de 2021, así como a otros aliados de Trump e incluso al propio Trump. Todo esto es parte de un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y los abogados personales del presidente Trump para que éste retirara una demanda contra el IRS por un monto de 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El fiscal general interino Todd Blanche, exabogado personal del presidente Trump, designará la comisión encargada de supervisar este nuevo fondo del Departamento de Justicia.
“Así funcionan las dictaduras”, dice el reportero David Cay Johnston, quien considera que el fondo “contra el uso político” del sistema de justicia es “un fondo reservado ilícito para financiar un brazo delictivo armado, un brazo violento de partidarios de Trump para que intimiden a la gente”. Además, Johnston plantea que la orden de no investigar las transacciones de la familia Trump “pone en evidencia que los manejos fiscales de Donald Trump son, efectivamente, criminales”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
Inicio