Recientemente se dieron a conocer documentos del Gobierno federal de Estados Unidos que revelan la existencia de un extenso programa de vigilancia lanzado por el Gobierno federal contra activistas, sindicatos, organizaciones comunitarias e incluso un colectivo de reparación de bicicletas de Minesota a finales de 2025 y principios de 2026. El programa, llamado “Operación Puppet Master” fue impulsado en respuesta a las movilizaciones que tuvieron lugar en todo el estado contra las muertes de Alex Pretti y Renee Good a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y salió a la luz en el curso de un juicio federal contra quince habitantes de Minesota acusados de “conspirar” para impedir la implementación de las medidas de control migratorio en Minesota. Hablamos con Isaac Sant, uno de los imputados, quien señala que su procesamiento tiene “motivaciones políticas” y “la intención de debilitar la disidencia”.
Como parte de este programa de espionaje, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió agentes encubiertos a reuniones en iglesias, parques, bibliotecas, escuelas y locales sindicales, y obtuvo en secreto documentos financieros de organizaciones de izquierda de alcance nacional, como Communications Workers of America y Sunrise Movement. “Nos dio asco, aunque no nos sorprendió, saber que también estábamos en una lista de personas que se estaban organizando en ejercicio de los derechos garantizados en la Primera Enmienda constitucional, así como el derecho de presentar demandas al Gobierno”, señala por su parte Emilia González Ávalos, directora ejecutiva de Unidos MN, una de las organizaciones que fueron objeto de vigilancia por parte del DHS. “Esta es una táctica que ha sido usada en todo el mundo para reprimir, asustar y desmovilizar a la gente que se está organizando contra el racismo, que se está organizando por la justicia y que se está organizando para construir una democracia multirracial y que verdaderamente funcione”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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