El lunes 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó una orden judicial emitida por un tribunal inferior que dejaba sin efecto una orden ejecutiva del presidente Trump cuyo fin es limitar la votación por correo de cara a las elecciones de mitad de período, que tendrán lugar en noviembre. La orden de Trump instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que cree listas de personas aptas para votar en cada estado, que tengan la ciudadanía estadounidense. El Servicio Postal de Estados Unidos utilizaría las listas proporcionadas por los estados para evaluar si se debe permitir el voto postal. El tribunal supremo dictaminó, en una decisión aprobada por seis votos contra tres, que California y los otros 22 estados que habían presentado la demanda carecen de legitimidad para litigar sobre el tema. El fallo, sin embargo, no aborda la cuestión de si Trump tiene autoridad para imponer estas reglas. Por otro lado, existe una medida cautelar diferente, emitida a nivel nacional contra algunas partes de la misma orden ejecutiva.
“Esto genera mucha incertidumbre para las elecciones de mitad de período, porque la orden ejecutiva de Trump restringiría radicalmente el voto por correo”, señala Ari Berman, corresponsal nacional de derechos electorales de la revista Mother Jones. Si el fallo de la Corte Suprema se efectiviza, “podría privar de sus derechos a millones de votantes en [las elecciones de] noviembre”.
“Si la votación se lleva a cabo en base a estas listas del DHS”, añade Berman, “será un proceso inexacto, será inconstitucional y muchas personas estadounidenses que pueden votar legítimamente serán erróneamente etiquetadas como no ciudadanas y no se les permitirá votar, ya sea por la utilización de datos incorrectos o por una movida intencional del Gobierno de Trump para impedir que la gente vote”.
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