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En Bolivia, al menos 23 personas murieron en la escalada de violencia que se vive desde que el presidente Evo Morales, primer presidente indígena del país, renunciara la semana pasada tras el pedido de las fuerzas militares. El creciente malestar rápidamente se convirtió en caos violento el viernes 15 de noviembre en las afueras de Cochabamba, cuando las fuerzas militares abrieron fuego contra manifestantes indígenas partidarios de Morales. Al menos nueve personas murieron y más de cien resultaron heridas. La violencia empezó inmediatamente después de que miles de manifestantes, muchos de ellos productores indígenas cocaleros, se reunieran para realizar una marcha pacífica en la localidad de Sacaba y luego intentaran pasar por un puesto de control militar para ingresar a Cochabamba. En medio de la escalada de violencia y las denuncias de actos racistas contra los indígenas generalizados, los manifestantes exigen la dimisión de Jeanine Áñez, la auto proclamada presidenta interina. Áñez es una legisladora de derecha que se autodesignó la semana pasada en una sesión legislativa sin quórum. Dijo que el presidente socialista exiliado Morales que se exilió en México tras ser depuesto por las fuerzas militares el 10 de noviembre, no podría participar en una nueva vuelta electoral y debería enfrentar una demanda judicial si regresaba a Bolivia, país de población mayoritariamente indígena. El domingo 17 de noviembre, el enviado especial de la ONU Jean Arnault convocó a Jeanine Áñez y los líderes del partido político de Morales, Movimiento al Socialismo, a un diálogo, aunque sin fijar una fecha.
Para saber más de este tema, puede ver la conversación que mantuvimos (en inglés) con Kathryn Ledebur. Ledebur, que se comunica con nosotros desde Cochabamba, es directora de la Red Andina de Información e investigadora, activista y analista con más de dos décadas de experiencia en Bolivia.
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