Titulares30 de octubre de 2026

A solo unos días de las históricas elecciones de mitad de mandato, el Gobierno de Trump ha emitido citaciones judiciales de un gran jurado a funcionarios electorales locales del estado de California, con el fin de obtener registros electorales sin censuras en el marco de una investigación penal sobre los padrones de votantes del estado. Al menos una de las citaciones se entregó después de que un juez federal rechazara el intento del Departamento de Justicia de obligar a California a apartar de inmediato 20.000 papeletas electorales correspondientes a personas que, según el departamento, “probablemente no son ciudadanas” estadounidenses. Este tipo de fraude electoral es extremadamente inusual. El tribunal dictaminó que la medida causaría caos en unas elecciones que ya están en curso, intimidaría tanto al personal electoral como a los votantes y dejaría sin efecto los votos de ciudadanos estadounidenses. Las citaciones ordenan a los funcionarios electorales testificar ante un gran jurado el 4 de noviembre, el día siguiente de las elecciones, como parte de una investigación penal.

Esto se produce al tiempo que un informe de la revista Wired concluyó que el bufete de abogados que contribuyó a establecer el super comité de acción política de Elon Musk ha creado una nueva organización de alcance nacional que se presenta como una entidad dedicada a la “integridad del proceso electoral” y que respalda las afirmaciones falsas de Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. La organización sin fines de lucro, denominada State and Local Election Officials, fue establecida por el abogado Chris Gober, exdirector y abogado principal del comité de acción política de Musk llamado America PAC. Gober se postula como candidato republicano a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el décimo distrito congresual del estado de Texas, en donde se encuentra Terafab, un enorme centro de fabricación de semiconductores que están construyendo Tesla y SpaceX.

Un nuevo análisis de la organización Public Citizen revela que las grandes empresas han gastado al menos 737 millones de dólares en lo que va del ciclo electoral de 2026, lo que representa un aumento del 60% con respecto a las elecciones de 2024. La cifra contrasta con los menos de 13 millones de dólares que las corporaciones destinaron a las elecciones de mitad de mandato de 2010, antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara, en el caso “Citizens United contra la Comisión de Elecciones Federales”, que el gasto político es una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución.

Mientras tanto, los súper comités de acción política han declarado haber recibido 4.200 millones de dólares de 515 donantes que aportaron al menos un millón de dólares cada uno este año. Elon Musk, quien ha contribuido con al menos 445 millones de dólares durante el actual ciclo electoral, lidera este gasto récord en los súper comités.

El presidente Trump realizó el jueves su segundo viaje en dos semanas al estado de Carolina del Sur, en un intento por recuperar el apoyo a los candidatos republicanos en estados que cuentan con una sólida tradición republicana, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el martes. Hace dos años, Trump ganó en Carolina del Sur por una diferencia de 18 puntos porcentuales, pero encuestas recientes muestran que la contienda de ese estado para un escaño en el Senado de Estados Unidos está prácticamente empatada e incluso el canal Fox News la ha calificado de “impredecible”. La senadora Darline Graham, quien ocupa actualmente el escaño en disputa, no tenía experiencia en cargos públicos cuando fue designada para ocupar el puesto que dejó vacante su hermano, el senador republicano de larga trayectoria Lindsey Graham, fallecido en julio. Graham se enfrenta con la doctora Annie Andrews, una pediatra de la ciudad de Charleston que basa su campaña en su trayectoria profesional en el ámbito de la medicina. Andrews se opone a los recortes al programa público de salud Medicaid, que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos, y apoya la opción de un seguro médico público. Sin embargo, la candidata demócrata se ha opuesto al programa Medicare para Todos, una propuesta que busca ampliar a toda la población estadounidense la disponibilidad del programa público de salud Medicare. La senadora Graham habló brevemente junto a Trump durante un acto de campaña que se llevó a cabo en la ciudad de Rock Hill. Durante su intervención, Graham se definió como una “cristiana conservadora” y calificó a su rival de “loca de m***da”. Estas fueron otras palabras expresadas por Graham durante su discurso.

Senadora Darline Graham: “No sé ustedes, pero yo no voy a permitir que los liberales y los socialistas conviertan a Carolina del Sur en un estado demócrata. ¿Saben qué? ¡Que me besen el c***”.

El presidente Trump canceló sus planes de participar el fin de semana en mitines para movilizar el apoyo republicano en los estados de Kansas e Iowa. En su lugar, la Casa Blanca anunció que Trump realizará intervenciones más breves en una serie de “actos de campaña virtuales”. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citaciones judiciales en respuesta a un informe del periódico The New York Times que concluyó que operadores políticos vinculados a la candidata demócrata al Senado de Estados Unidos por Alaska Mary Peltola lograron reclutar a un ciudadano con el mismo nombre y apellido que el candidato republicano al Senado y actual senador por Alaska Dan Sullivan, para restarle votos en la boleta electoral con los cuatro candidatos al Senado por ese estado. Peltola ha negado la versión de una excolaboradora de su campaña que señaló que ella estaba al tanto de la maniobra. No está claro qué ley federal justificaría una investigación a nivel federal, aunque el presidente Trump ha pedido que se inicie un proceso judicial contra Peltola y su equipo de campaña, mientras que el gobernador republicano de Alaska ha ordenado una investigación penal y civil a nivel estatal.

En Yemen, el gobernador de Taiz afirma que esa ciudad de aproximadamente un millón de habitantes ha entrado en situación de hambruna debido al asedio de varias semanas impuesto por combatientes del movimiento Ansar Allah, también conocido como hutíes. La organización Human Rights Watch afirmó el jueves que el asedio podría constituir el crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra. La declaración de hambruna se produjo al tiempo que un ataque aéreo saudí en Taiz dejó 13 muertos. El bombardeo tuvo lugar tras un ataque hutí contra el aeropuerto de Adén, que dejó varios pasajeros heridos y obligó a suspender vuelos. Mientras tanto, los hutíes han rechazado las afirmaciones de la coalición liderada por Arabia Saudí según las cuales las defensas aéreas saudíes interceptaron misiles disparados en dirección a La Meca.

Otro buque petrolero ha sido atacado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz. Según se informa, las fuerzas armadas iraníes emplearon una nueva táctica que consistió en amarrar explosivos a una pequeña embarcación. Con este nuevo ataque, ya son al menos 35 los barcos que han sido atacados cerca del estrecho desde principios de octubre. El incidente se produjo después de que el senador demócrata del estado de Connecticut Chris Murphy advirtiera sobre los planes del presidente Trump de lanzar nuevos e intensos ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato. Murphy hizo esta advertencia tras recibir recientemente información de funcionarios del Pentágono sobre dichos planes. Estas fueron las palabras expresadas por Murphy durante una intervención en la organización Middle East Institute.

Senador Chris Murphy: “Han escuchado de que se intentaría ejecutar un plan de corta duración. Solo diré que ese plan es demencial. Provocará una escalada devastadora y probablemente la destrucción de nuestro compromiso con el Estado de derecho”.

En Ucrania, un dron ruso impactó el jueves en una estación de tren repleta de gente en la ciudad oriental de Dnipró y provocó la muerte de al menos 14 personas. Mientras tanto, más ataques rusos mataron al menos a seis personas en otras partes de Ucrania. Esto ocurre después de que drones marinos atacaran el miércoles un buque portacontenedores griego frente a las costas de Bulgaria, lo que provocó el hundimiento de la embarcación. Los 15 miembros de la tripulación fueron evacuados. Este es el más reciente de una serie de ataques con drones contra embarcaciones civiles en el mar Negro, que se atribuyen tanto a Ucrania como a Rusia. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió el miércoles que se establezca una tregua marítima mundial.

Primer ministro Kyriakos Mitsotakis: “Ayer mismo, otro buque comercial de carga, propiedad de una empresa griega, fue atacado y hundido en el mar Negro. Condenamos enérgicamente este ataque. Los ataques deliberados contra buques mercantes civiles son absolutamente inaceptables. Esto nos recuerda, una vez más, la necesidad urgente de establecer una tregua marítima mundial a fin de garantizar que los buques comerciales puedan navegar libres y seguros, incluso en tiempos de conflicto”.

El periódico The Wall Street Journal informa que las fuerzas armadas ucranianas han suspendido sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas a pedido del presidente Trump. Se espera que la pausa no oficial se prolongue hasta las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que se celebran el próximo 3 de noviembre. Esta medida entró en vigor la semana pasada, después de que el presidente Trump pidiera a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que renunciara a su cargo y después de que Elon Musk limitara temporalmente la capacidad de Ucrania para utilizar las redes satelitales de internet Starlink y Starshield en sus aviones y drones. Mientras tanto, la organización Greenpeace afirma estar rastreando siete petroleros que transportan unas 288.000 toneladas de combustible diésel ruso hacia Estados Unidos. Esta semana, el senador demócrata Richard Blumenthal envió cartas a las compañías navieras que transportan dicho cargamento advirtiéndoles que la descarga de combustible diésel ruso en puertos estadounidenses constituye una violación de las leyes federales, a pesar de la autorización emitida por el Gobierno de Trump. “Cambien el rumbo [de los buques] antes de que sea tarde”, escribió el senador Blumenthal.

En noticias de inmigración, el número de cárceles del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos ha aumentado en más del doble desde que Trump regresó a la presidencia del país, al tiempo que su Gobierno ha destinado miles de millones de dólares a la detención masiva de decenas de miles de inmigrantes.

En el estado de Washington, la compañía penitenciaria con fines de lucro GEO Group ha firmado un contrato de 1.500 millones de dólares con el Gobierno federal que le permitirá seguir operando durante otros diez años el Centro de Detención del Noroeste, situado en la ciudad de Tacoma. Organizaciones civiles llevan tiempo denunciando violaciones de derechos humanos, incluidos actos de violencia sexual, así como numerosas muertes en dicho centro de detención, en el que inmigrantes allí detenidos han realizado repetidas veces huelgas laborales y de hambre para exigir su liberación.

Mientras tanto, en el estado de Minesota, la cadena de televisión local KARE 11 informa que, a principios de este año, el Gobierno de Trump utilizó fondos de los contribuyentes para comprar por casi 496 millones de dólares una prisión privada fuera de servicio en la ciudad rural de Appleton. Según lo informado por KARE 11, las instalaciones se utilizarán como cárcel del ICE. La suma que pagó el Gobierno de Trump por la prisión superó más de seis veces la oferta inicial por la que la compañía penitenciaria privada CoreCivic ofreció venderla al estado, que rondaba los 75 millones de dólares. Esto se produce después de que el Servicio de Inmigración recibiera una suma sin precedentes de 45.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de detención en el marco de una amplia legislación de gastos que el mandatario estadounidense describió como un “gran y hermoso proyecto de ley”. Mientras tanto, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y una coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos están demandando al Gobierno de Trump por una política que permite al ICE ocultar el paradero de inmigrantes que se encuentran bajo su custodia, lo que impide que sus familias y abogados puedan localizarlos y comunicarse con ellos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desplegado más de 2.000 soldados en Haití, una medida que, según activistas en defensa de los derechos humanos, podría agravar los actos de violencia de las bandas criminales y desestabilizar aún más el país. Según se informa, Trump ha respaldado el despliegue de soldados de Bukele, quien afirma que el objetivo único de la misión de sus soldados es rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños que fueron secuestrados por grupos criminales en Haití. En El Salvador, el llamado “estado de excepción” de Bukele, que fue declarado por primera vez en 2022, ha derivado en el arresto arbitrario de decenas de miles de personas, muchas de las cuales han sido acusadas injustamente de ser miembros de pandillas al tiempo que se les ha negado el derecho al debido proceso, mientras se encuentran encarceladas en condiciones de tortura. Estas fueron las palabras expresadas el jueves por Bukele desde la ciudad de San Salvador.

Presidente Nayib Bukele: “Yo les dije a las pandillas [de Haití]: 'Acabamos con las pandillas en El Salvador y podemos hacer lo mismo con ustedes'. Es decir, fue una advertencia. Y nuestra misión no es para acabar con las pandillas de Haití, pero nuestra misión es para rescatar a nuestros cuatro aerotécnicos. Ahora bien, si no los entregan por las buenas, pues, los vamos a rescatar por las malas”.

El periódico The New York Times informa que el presidente Trump se aseguró de que Flávio Bolsonaro pudiera huir de Brasil e ingresar a Estados Unidos, después de que el senador ultraderechista brasileño perdiera las elecciones presidenciales ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesar de su derrota, Bolsonaro se ha declarado a sí mismo el líder “legítimo” de Brasil, alegando, sin pruebas, que los resultados de las elecciones fueron fraudulentos. Trump también ha afirmado falsamente que las elecciones de Brasil parecían haber sido “amañadas”.

Bolsonaro enfrenta múltiples investigaciones penales en Brasil, y las autoridades le habían ordenado entregar su pasaporte cuando escapó a Argentina y, luego, abordó un vuelo con destino a Ecuador, antes de aterrizar el miércoles a bordo de un avión privado en la ciudad de Miami. Es probable que Trump le otorgue a Bolsonaro la residencia permanente en Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses que hablaron con The New York Times. Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por orquestar un intento fallido de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Lula.