A partir de enero de 2026, el Partido Demócrata tendrá el control del Congreso estadounidense y su dirigencia afirma que tiene la intención de intensificar las audiencias e investigaciones para hacer que los funcionarios de Trump rindan cuentas por sus actos. Sin embargo, el Gobierno ha respondido con amenazas de iniciar sus propias investigaciones sobre los legisladores que actúen en ese sentido, aunque estén cumpliendo con sus responsabilidades de supervisión
“La función de supervisión del Congreso fue establecida claramente por los fundadores. Es una parte integral del Gobierno. La separación de poderes requiere mecanismos de control”, dice Brad Adams, cofundador del centro de investigación jurídica The Rule of Law Project, que busca generar procesos externos de rendición de cuentas frente a lo que describen como la negativa del Gobierno a investigar “casos obvios de corrupción”.
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