Este lunes 18 de mayo, Donald Trump retiró la demanda judicial que había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por un monto de 10.000 millones de dólares, motivada por la filtración de sus declaraciones de impuestos personales y comerciales. Se trata de un caso extraño de un presidente en funciones que demanda a su propio Gobierno, lo que, básicamente, lo pone en posición de demandante y demandado a la vez. La desestimación de la demanda se produce en medio de informes de que el Departamento de Justicia de Trump estaba considerando proponer, para resolver dicha demanda, la creación de un fondo de 1.700 millones de dólares para compensar a las víctimas de lo que llaman el uso político del Departamento de Justicia durante los Gobiernos de Biden y Obama. Conforme a esa iniciativa, los aliados de Trump que fueron judicializados por participar en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos podrían presentar reclamos y ser compensados.
“Quieren tener este fondo reservado ilícito de 1.700 millones de dólares, que daría cerca de un millón de dólares por cabeza para los Proud Boys, los Oath Keepers y otros insurrectos, más un resto de 100 millones de dinero público para distribuir de diferentes maneras”, señala el legislador por Maryland Jamie Raskin, el dirigente demócrata de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, con quien conversamos poco antes de la noticia de que Trump había retirado su demanda judicial contra el IRS.
La semana pasada, Raskin presentó el proyecto de ley de “Protección de Nuestra Democracia”, un paquete de leyes orientado a impedir que el presidente se beneficie económicamente de su cargo público. “La corrupción es el propósito principal del Gobierno de Trump”, dice Raskin. “No es una cosa periférica excéntrica; es toda una gran operación para hacer dinero”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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