En el estado de Arizona, más de 700 personas se realizaron el viernes una manifestación de automóviles frente al Centro de Detención privado Eloy y el centro penitenciario La Palma, próximo a la ciudad de Phoenix, exigiendo la liberación inmediata de todos los inmigrantes que se encuentran bajo custodia mientras los casos de COVID-19 continúan aumentando. Desde la semana pasada, han sido confirmados cinco casos de COVID19 en las cárceles de Inmigración de Arizona, entre ellos dos dentro de La Palma, aunque los activistas sostienen que las cifras reales son probablemente mucho más elevadas. Estas son las palabras expresadas por Stephanie Figgins Ramírez, una activista de la organización Trans Queer Pueblo, en la protesta del viernes.
Stephanie Figgins Ramírez dijo: “Pedimos al gobernador Doug Ducey que presione públicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que cierre los centros de detención, libere a todos los migrantes y detenga las los operativos de deportaciones. También pedimos al gobernador Ducey que deje de enviar a personas a los centros del Servicio de Inmigración, poniendo fin a la colaboración del sheriff y de esa agencia en las cárceles del condado”.
En noticias relacionadas, mujeres que se encuentran encarceladas en el centro de detención de Otay Mesa, próximo a la ciudad de San Diego, sostienen que CoreCivic, la compañía privada que administra Otay Mesa, envió un cargamento de mascarillas quirúrgicas a las instalaciones la semana pasada, pero que a las reclusas se les dijo que primero tenían que firmar un documento con una cláusula que protegía a CoreCivic de responsabilidad legal en caso de que se enfermaran. Cuando las mujeres se negaron a firmar, los guardias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas les echaron gas pimienta. La cláusula ha sido retirada desde entonces. Activistas realizaron una manifestación de vehículos en las inmediaciones de Otay Mesa el sábado en protesta por el ataque.
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