Titulares17 de diciembre de 2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el jueves sobre un aumento inminente de casos de COVID-19 en el país, ya que la variante ómicron del coronavirus continúa propagándose por todo el mundo y Estados Unidos a un ritmo sin precedentes.

Presidente Joe Biden: “Este será un invierno de grave enfermedad y muerte por COVID-19, que impactará a las personas no vacunadas, a sus familias y a los hospitales que pronto estarán desbordados”.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos continúan aumentando y casi 1.300 personas fallecen por la enfermedad cada día. Tras el aumento de los contagios, muchas universidades destacadas del país, entre ellas la Universidad de Nueva York, la Universidad DePaul y la Universidad de Princeton, han regresado a las clases virtuales. La Universidad de Cornell canceló la mayoría de las actividades del campus después de que 1.100 estudiantes dieran positivo por coronavirus en solo una semana.

La Liga Nacional de Fútbol Americano y la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) han anunciado nuevos protocolos para frenar la propagación de la COVID-19 después de que decenas de jugadores fueran diagnosticados con la enfermedad esta semana.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que se distribuirán un millón de mascarillas de alta calidad y medio millón de pruebas para la detección de COVID-19 que las personas pueden realizarse en sus casas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron este jueves que la gente debería evitar el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson y, en cambio, optar por las vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna. Al respecto, un panel asesor de vacunas de la agencia gubernamental mencionó el riesgo de casos de trombosis extremadamente raros pero potencialmente letales relacionados con las vacunas de Johnson & Johnson.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles advierte que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está negando la administración de dosis de refuerzo contra la COVID-19 a unos 21.000 inmigrantes que se encuentran recluidos en diversas cárceles de Inmigración. Una abogada de la organización expresó: “Este es otro ejemplo de cómo el Servicio de Inmigración aborda la salud y la seguridad de las personas detenidas de forma displicente, lo que constituye una violación de sus derechos constitucionales. También pone de manifiesto el peligro inherente que conlleva el hecho de mantener personas detenidas”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha eliminado de forma permanente el requisito de que las píldoras abortivas sean recogidas en persona. A partir de ahora, las personas podrán conseguir una receta mediante una consulta por internet y recibir las píldoras por correo. Anteriormente, las personas embarazadas tenían que acudir al sitio del proveedor para recoger el medicamento recetado, aunque ese requisito se eliminó durante la pandemia. El medicamento, mifepristona, fue aprobado por la FDA en el año 2000 y se ha convertido en un método abortivo cada vez más generalizado. La píldora se usa junto con el medicamento misoprostol. Activistas en defensa de los derechos reproductivos elogiaron la decisión de la FDA en un momento en que peligra la vigencia del fallo de la Corte Suprema de Roe contra Wade, que determinó la legalización del aborto en Estados Unidos, debido a que actualmente el alto tribunal de Estados Unidos está integrado en su mayoría por jueces conservadores.

Una jueza federal de Estados Unidos ha desestimado un acuerdo de aproximadamente 4.500 millones de dólares con Purdue Pharma que protegía a la familia Sackler, propietaria de la empresa, contra futuras demandas. La jueza del distrito sur de Nueva York Colleen McMahon dictaminó que el tribunal de quiebras no tiene la potestad para otorgar a la familia Sackler esa protección legal. La familia se ha negado a reconocer cualquier responsabilidad personal por su papel en la crisis de opioides en Estados Unidos.

En Chile, la viuda del exdictador respaldado por Estados Unidos Augusto Pinochet murió a la edad de 99 años. Lucía Hiriart se casó con el general Pinochet en 1943 y lo apoyó cuando este derrocó al presidente elegido democráticamente Salvador Allende en un sangriento golpe de Estado ocurrido en 1973 que contó con el respaldo del Gobierno del expresidente de Estados Unidos Richard Nixon. Durante los 17 años que duró el mandato de Pinochet, más de 3.000 chilenos fueron asesinados o desaparecidos y decenas de miles más fueron torturados.

La muerte de Hiriart fue anunciada pocos días antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo en Chile y que enfrentarán al candidato de extrema derecha José Antonio Kast con el ex activista estudiantil izquierdista Gabriel Boric.

En la ciudad de Santiago, miles de manifestantes se congregaron para celebrar la noticia del fallecimiento de Hiriart.

Javiera: “Ahora nos causa más alegría, pero rabia también porque lamentablemente se fue sin pagar. Pero manteniendo la esperanza de que el domingo con Gabriel en la nueva presidencia, una presidencia justa, libre, llena de amor y llena de justicia, podamos volver a ver este país que tanto añoramos, el país que nos robaron hace 30 años”.

El supertifón Rai azotó este jueves el sureste de Filipinas con vientos de más de 257 kilómetros por hora y dejó al menos siete muertos. Casi 100.000 personas fueron evacuadas antes de que el supertifón tocara tierra. Esta es la tercera tormenta de categoría 5 que azota Filipinas en los últimos dos años.

En Estados Unidos, en el estado de Kentucky, los trabajadores que sobrevivieron al tornado que arrasó una fábrica de velas en la ciudad de Mayfield la semana pasada demandaron a su empleador y acusaron a la empresa Mayfield Consumer Products de demostrar una “indiferencia flagrante” que provocó la muerte de ocho personas. La demanda alega que los supervisores de la empresa tuvieron hasta tres horas y media para evacuar la fábrica luego de los informes que advertían condiciones climáticas extremas, pero en su lugar optaron por amenazar a los trabajadores con despedirlos si abandonaban sus turnos más temprano de lo habitual.

Un sindicato que representa a 1.400 trabajadores de la empresa agroalimentaria Kellogg’s ha llegado a un acuerdo tentativo con dicha compañía sobre un nuevo contrato de cinco años. Si los trabajadores lo aprueban en una votación que se celebrará este fin de semana, el acuerdo pondrá fin a la huelga de más de dos meses de duración que llevan a cabo los trabajadores en cuatro plantas de Kellogg’s.

Un acuerdo tentativo anterior que contemplaba un aumento salarial del 3% fue rechazado por una abrumadora mayoría de trabajadores. En el estado de Massachusetts, empleados de dos cafeterías Starbucks de la ciudad de Boston han anunciado que llevarán a cabo una campaña de sindicalización. Esto se produce después de que los trabajadores de una tienda Starbucks de la ciudad de Búfalo votaran la semana pasada a favor de conformar el primer sindicato de la cadena en Estados Unidos.

En el condado de Los Ángeles, los empleados de una fábrica de pasteles que produce postres para cadenas de tiendas como Walmart y Baskin-Robbins están en el día 45 de una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales. Los trabajadores, en su mayoría inmigrantes de la comunidad latina, afirman que tienen que trabajar hasta 15 horas por día y producir 13 pasteles por minuto, y que solo se les concede tres días de licencia por enfermedad al año.

La asesora parlamentaria del Senado de Estados Unidos, un cargo no electo que se encarga de interpretar las reglas y procedimientos de dicha cámara, rechazó el tercer intento de los demócratas de incluir la reforma migratoria en el proyecto de ley Reconstruir Mejor. La propuesta incluía la concesión de permisos de trabajo y protecciones contra la deportación que hubieran beneficiado a millones de personas. Activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes y legisladores demócratas criticaron el dictamen. El congresista demócrata del estado de Nueva York Jamaal Bowman publicó en Twitter: “La parlamentaria es un cargo no electo. Sus dictámenes son asesoramientos, no leyes. Los republicanos han despedido al parlamentario [en el pasado] para aprobar recortes impositivos para los ricos. Los demócratas deben rechazar el dictamen de la parlamentaria para aprobar la reforma migratoria”.

El medio Axios informa que el Gobierno de Biden ha dejado de retener a familias indocumentadas en centros de detención y que ha implementado en cambio tobilleras electrónicas y otros métodos de rastreo. El Gobierno estadounidense no ha anunciado una política oficial para poner fin a las detenciones de familias migrantes y las cárceles de Inmigración aún mantienen a adultos detenidos en condiciones a menudo inhumanas. Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes también han condenado la intensa vigilancia a la que son sometidos los inmigrantes y han comparado los dispositivos de control con “grilletes”.

En noticias relacionadas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se retiró de las conversaciones para compensar a las familias que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México con base en la política de “tolerancia cero” implementada por Trump. Más de 5.000 menores, incluidos bebés, fueron separados de sus familias, una situación que Biden ha calificado como una “vergüenza moral y nacional”. Sin embargo, Biden desmintió el mes pasado los informes que revelaban que su Gobierno estaba considerando pagar a cada una de las familias que fueron separadas en la frontera hasta 450.000 dólares a modo de indemnización y añadió que “Eso no va a suceder”.

Funcionarios haitianos anunciaron el jueves la liberación de los doce misioneros norteamericanos que fueron secuestrados en octubre y que todavía permanecían bajo cautiverio. Otros cinco rehenes habían sido liberados anteriormente. El grupo criminal conocido como 400 Mawozo había exigido inicialmente un rescate de un millón de dólares por cada uno de los 17 rehenes. Aún no se sabe si se intercambió dinero por la liberación de los rehenes, aunque una fuente indicó que se le pagó al grupo criminal una cantidad menor a la que pedían, pero que no fue el Gobierno de Estados Unidos quien pagó el rescate.

Jean Montrevil, el líder de los derechos de las personas inmigrantes que tenía permiso de residencia permanente en Estados Unidos y que fuera abruptamente deportado a Haití en 2018, recibió tres años de acción diferida que le permitirán permanecer en Estados Unidos y conseguir un estatus de residencia permanente. Esto se produce como resultado de un acuerdo de la demanda que Montrevil entabló contra el Gobierno de Estados Unidos para proteger sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de ese país. En la demanda, Montrevil argumentó que fue blanco de los agentes federales de inmigración por su activismo, incluidas sus críticas a las políticas del Gobierno de Trump con respecto a Haití. Visite el lunes nuestro sitio web democracynow.org para ver la entrevista que mantendremos con Jean Montrevil y su abogado. Visite democracynow.org para ver también nuestras entrevistas anteriores con Jean Montrevil.

En Argentina, un representante de la minoría musulmana rohinyá de Birmania testificó el jueves ante un tribunal de la ciudad de Buenos Aires en el juicio que se está llevando a cabo contra altos oficiales militares birmanos acusados de crímenes de lesa humanidad. El caso se inició sobre la base del principio de jurisdicción universal, que permite el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves, incluso si se cometieron en otro país. La primera persona en testificar fue el activista Maung Tun Khin, uno de los casi 730.000 musulmanes rohinyá que huyeron de Birmania después de una represión liderada por las fuerzas armadas birmanas en 2017.

Maung Tun Khin: “Mis hermanos y hermanas fueron brutalmente asesinados por las fuerzas armadas birmanas, y miles de nuestras hermanas fueron violadas. Soy una víctima. Soy un superviviente del genocidio. Muchos supervivientes del genocidio queremos que se haga justicia. […] Buscamos que se haga justicia amparados en el principio de jurisdicción universal”.