¿Es legal el acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela?: “Claramente inconstitucional”, dice el economista Francisco Rodríguez

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! Democracynow.org. El informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman en Nueva York, con Juan González en Chicago.
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Nueve meses después de que el ejército estadounidense se llevara por la fuerza al presidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo en Caracas, el presidente Trump ha anunciado un acuerdo por el que Estados Unidos toma el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas comprobadas de petróleo de Venezuela. Además, el Pentágono asumirá una participación parcial en North American Blue Energy Partners, una empresa privada clave para el acuerdo. Trump elogió el acuerdo el lunes.

PRESIDENTE DONALD TRUMP: Tenemos una gran relación con Venezuela. Se trata de un equipo en cierto sentido. Y vamos a sacar millones y millones de barriles de petróleo. Que van a ir a Houston, a Luisiana, a todas partes de Estados Unidos y del mundo. Estamos haciendo una fortuna y ellos también. Están empezando a ganar dinero de verdad. Exxon va a ser parte. Chevron va a ser parte. Nuestras grandes compañías petroleras están interesadas en formar parte del acuerdo y todo el mundo está haciendo ofertas.

Así que, ya saben, estamos haciendo muchas cosas. Este es un acuerdo del que nadie ha oído hablar antes. Un acuerdo como este puede ser el mejor que jamás se haya hecho. ¿Quién sabe? Pero ya son millones y millones. Ya pagamos la guerra. Con ese dinero se cubre de sobra el costo de la guerra. ¿Dónde han oído algo así antes? No se escuchó eso con Afganistán. No se escuchó eso con Vietnam. De personas que hicieron las cosas de una manera muy diferente a como yo las hago.

AMY GOODMAN: El sábado, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el acuerdo petrolero e insistió en que es beneficioso para su país.

PRESIDENTA INTERINA DELCY RODRÍGUEZ: Venezuela recibe a cambio producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional. Los beneficios se pierden de vista. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Esto solamente con el acuerdo binacional Venezuela-Estados Unidos.

AMY GOODMAN: El senador demócrata Chris Van Hollen de Maryland criticó el acuerdo diciendo: “Esta es una prueba de que Trump puso en riesgo a los miembros de nuestras fuerzas armadas para obtener petróleo venezolano para sus amigos multimillonarios. Poner las vidas de nuestros soldados en la línea de fuego para obtener ganancias privadas es un grave incumplimiento de su deber constitucional”, dijo el senador Van Hollen.
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El nuevo acuerdo petrolero se produce dos meses después de que el New York Times revelara que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela, controlando efectivamente las finanzas del país, la distribución de sus recursos naturales y su Gobierno. El Times comparó el papel de Rubio con el de Paul Bremer, quien fue nombrado por George W. Bush para administrar Irak tras la invasión estadounidense de 2003.

Para más información, nos acompaña Francisco Rodríguez. Economista venezolano, investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Política y profesor de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Denver. Su libro más reciente se titula, “El Colapso de Venezuela: Política de Tierra Arrasada y Declive Económico, 2012-2020”. Rodríguez fue además director de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Bienvenido a Democracy Now! ¿Puede responder a este acuerdo que el presidente Trump está alabando?
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FRANCISCO RODRÍGUEZ: Si, esta es la mayor concesión que Venezuela ha dado para explotación petrolera en su historia. Es una concesión de 100 años. El Gobierno venezolano, hace ya prácticamente un siglo, había dejado de dar concesiones bajo estos términos; tiene el control del 20% de las reservas petroleras venezolanas. Y todo esto se está dando bajo términos muy oscuros, sin que haya habido licitación, sin que haya habido un proceso transparente, básicamente una asignación discrecional que se está haciendo a una compañía cuyo propietario es una persona muy cuestionada por sus actividades pasadas involucrando el Gobierno venezolano, y los beneficios de este acuerdo para Venezuela verdaderamente son cuestionables. Estados Unidos dice que esto va a generar 100.000 millones de dólares de inversión, pero hasta ahora no hay ningún anuncio de ningún inversionista privado que vaya a poner esos 100.000 millones de dólares.

En la realidad, más bien, el presidente Trump está diciendo que los contribuyentes estadounidenses no van a poner un centavo y Venezuela no tiene los recursos para poner esa inversión. Entonces, muchos de los detalles no están claros. Los detalles que sí tenemos claros nos hablan de condiciones bastante adversas y muy inferiores a las que históricamente ha tenido el Estado venezolano y es muy difícil imaginarse que un acuerdo como este habría sido firmado por un Gobierno venezolano de no ser por la coerción que ha estado ejerciendo el Gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela desde, bueno, desde que invadió el país a principios de año.

JUAN GONZÁLEZ: Y de acuerdo con la Constitución de Venezuela, ¿es este arreglo entre Trump y Delcy Rodríguez legal? ¿Cuál debe ser el papel de la Asamblea Nacional del país?

FRANCISCO RODRÍGUEZ: No lo es. Es claramente inconstitucional. El artículo 150 de la Constitución de Venezuela dice que los contratos de interés público nacional tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional cuando son con Estados o entidades extranjeras. Esto claramente cae dentro de los supuestos, esto debió haber sido discutido por la Asamblea Nacional. De hecho, aquí debe haber habido un proceso de licitación. La forma en la que se hacen los procesos de apertura en industrias de recursos naturales, como el petróleo, es a través de publicación de datos, una ronda competitiva de subastas y, bueno, donde efectivamente se asignan los contratos a las empresas que han puesto la mejor oferta.

En este momento estamos hablando de la mayor privatización en la industria petrolera mundial desde la privatización rusa de los años 90. Estamos hablando de unos campos que van a producir tres trillones de dólares en ingresos por venta de petróleo. Y todo esto se está haciendo sin ningún proceso de discusión pública. Yo creo que esto va a ser claramente cuestionado en el futuro por Gobiernos venezolanos en el futuro y en este momento sus bases legales son altamente endebles y creo que también puede ser cuestionado en tribunales internacionales, porque además no solo está el elemento de la ilegalidad constitucional, sino está el hecho de que es claramente un contrato que se está dando bajo coerción. Y si hay un principio que reconoce el derecho internacional es que un contrato obtenido bajo coerción no es válido legalmente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y es posible que esa sea la razón por la cual muchas de las compañías petroleras más grandes de Estados Unidos no están directamente envueltas en este contrato?

FRANCISCO RODRÍGUEZ: Definitivamente. Yo creo que aquí debe haber consideraciones muy significativas por parte de esas compañías. Fíjese que, a principios de año, el presidente Trump reunió a los ejecutivos de grandes compañías petroleras, pocos días después de la operación militar para capturar a Maduro, y les pidió que invirtieran en Venezuela. Y en ese contexto, varios ejecutivos de empresas petroleras dijeron que no estaban dispuestos a hacerlo bajo las actuales condiciones. Entonces, ahora tenemos un anuncio, y sí, el presidente Trump habla de Chevron y Exxon; bueno, Chevron está en Venezuela desde hace tiempo. Chevron nunca se fue de Venezuela, más bien justamente Trump fue el que criticó a Biden por darle una licencia a Chevron para que siguiese operando en Venezuela. Sobre Exxon ya veremos. Una cosa es lo que dice el presidente Trump y otra es lo que dicen las compañías. Pero en este momento no tenemos ningún anuncio de ninguna otra gran compañía estadounidense que vaya a invertir bajo estos términos.

Y quiero resaltar, hay compañías y es muy posible que en los próximos días, por ejemplo, compañías como Repsol y ENI, que han estado involucradas en Venezuela en el pasado, que tienen control de campos petroleros… Para ellos es algo distinto, porque si ya están en el país, entonces se trata simplemente de reactivar esos campos, pero que una compañía nueva entre y ponga dinero en la mesa es algo que en este momento la voluntad ha sido relativamente limitada, por lo menos de las grandes compañías.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y qué nos puede decir de la compañía venezolana que se supone va a ser socio de los que están invirtiendo de Estados Unidos en este contrato?

FRANCISCO RODRÍGUEZ: Bueno, fíjense, esta compañía, North American Blue Energy Partners, es una compañía de Alejandro Betancourt. Alejandro Betancourt, es un inversionista venezolano cuyas actividades han sido muy cuestionadas. Esencialmente, su fortuna se creó a través de asignaciones de contratos para construir plantas eléctricas durante el gobierno de Chávez. Al menos una de esas plantas nunca fue terminada. Muchas de ellas están funcionando muy por debajo de la capacidad que se prometió. Y bueno, Venezuela hoy en día sufre apagones casi diariamente por la insuficiencia de su inversión eléctrica. Ha habido, y esto ha sido reportado por varios medios internacionales. Ha habido investigaciones en Suiza, en Estados Unidos, incluso, que lo nombran… es nombrado o es referido en [imputaciones] que ha hecho el Departamento de Justicia involucradas con investigaciones por lavado de dinero. Entonces es una persona bastante cuestionada.

Ahora, el monto de este contrato, que es un monto que, estamos hablando de cientos de millones de dólares en ingresos para los dueños de esta compañía, algo que incluso si lo llevamos a niveles de hoy, a nivel de valor presente neto, igual el valor de este contrato va a ser suficiente como para que su dueño se convierta en la persona más rica de Venezuela y en una de las cinco o seis personas más ricas de América Latina. Y repito, todo esto es a través de un contrato que ha sido asignado discrecionalmente, sin subasta, sin proceso competitivo por el Gobierno de Delcy Rodríguez y por la Administración Trump. Y hoy, por ejemplo, Axios reporta sobre los vínculos entre Alejandro Betancourt y la Administración Trump. El abogado de Alejandro Betancur era Rudy Giuliani. En el castillo de Alejandro Betancourt en España, de acuerdo con Axios, se organizaron reuniones a través de las cuales Trump o sus aliados estaban tratando de convencer a Zelenski de que iniciase una investigación contra Joe Biden. Entonces aquí hay muchas aristas que básicamente nos hacen ver que esta es una persona muy conectada políticamente con las autoridades venezolanas y con el Gobierno de Donald Trump.

AMY GOODMAN: ¿Cuál es el papel de Delcy Rodríguez, quien fue nombrada presidenta después de que Maduro y su esposa fueran secuestrados y traídos a Estados Unidos, donde permanecen en prisión y pronto serán juzgados por el Gobierno de Trump? ¿Cuál es el papel que Rodríguez está desempeñando? Ella y también su hermano.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ: Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora, y si vemos lo que ha sido la experiencia de los últimos meses después de la captura de Maduro, vemos que el Gobierno de Rodríguez esencialmente ha hecho todo lo que le ha pedido el Gobierno en Estados Unidos. Primero reformó la Ley de Hidrocarburos venezolana justamente para que estuviese acorde con lo que estaba pidiendo el Gobierno en Estados Unidos. El mismo comunicado emitido ayer de la Casa Blanca dice que Estados Unidos apoyó ese proceso de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vemos en política exterior, por ejemplo, que Delcy Rodríguez ha restablecido las relaciones de Venezuela con Israel; ha permitido operaciones conjuntas militares de fuerzas militares estadounidenses con fuerza venezolana en territorio venezolano; ha sacado a Venezuela de la Corte Penal Internacional. Venezuela fue el primer país en América Latina en anunciar su salida de la Corte Penal Internacional solo días después de que el secretario Marco Rubio anunciase la campaña de Estados Unidos para desmantelar la Corte Penal Internacional.

Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que Venezuela está esencialmente cumpliendo con todo lo que Estados Unidos le pide. Esto es algo que se ha llamado un proceso de, en vez de cambio de régimen, buscar la subordinación de régimen, que el régimen cumpla con lo que se le pide. Y yo creo que, en la práctica, Venezuela en estos momentos está actuando como un protectorado, más o menos de la misma forma en la que Estados Unidos administró Irak y Afganistán después de las invasiones. Estados Unidos, de hecho el presidente Trump, dice ser fanático de la doctrina Monroe y dice que hay un nuevo corolario Trump para la doctrina Monroe. En realidad fue bajo la tesis de la doctrina Monroe que Estados Unidos, a principios de siglo, del siglo pasado, tuvo protectorados a través de los cuales gobernó Cuba, Haití y República Dominicana.

Entonces creo que estamos evolucionando hacia un sistema en el cual Estados Unidos ha decidido que va a tomar las decisiones, que estos países no tienen gobiernos autónomos y que los Gobiernos que no cumplan con los dictados de Estados Unidos, bueno, están sometidos a la amenaza de que serán invadidos y de que sus jefes de Estado serán llevados a la cárcel.

AMY GOODMAN: Quiero terminar con una cita del exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien escribió en las redes sociales: “Trump dice que tomará el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Los términos no están claros, pero los altos funcionarios venezolanos, todos temerosos de ser arrestados, están en condiciones muy precarias para negociar con vigor, lo que hace que todo parezca un gran robo militar”. Su comentario final, profesor Rodríguez.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ: Sí, yo creo que nosotros estamos frente a un acuerdo que en el futuro va a ser recordado como una de las más grandes entregas de recursos naturales que haya hecho un país bajo condiciones totalmente opacas, sin ningún tipo de rendición de cuentas ante el electorado venezolano. Y no creo que esto vaya a ayudar a Venezuela. Creo que si nosotros buscamos en la historia esto se parece mucho a la privatización rusa de los años 90, que fue una privatización que creó grandes fortunas. No sacó a Rusia de sus problemas económicos, más bien Rusia vivió una gran crisis económica justo después de esas privatizaciones. Y después lo que vio fue una una deriva autoritaria, porque cuando tú creas riqueza que pones en manos de factores oligárquicos y que son obtenidas a través de las asignaciones discrecionales, esos son justamente los factores que se oponen a que surja la rendición de cuentas que caracteriza a un régimen verdaderamente democrático.

AMY GOODMAN: Francisco Rodríguez, economista venezolano, investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Política y profesor de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Denver. Su libro más reciente se titula “El colapso de Venezuela”, y fue director de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman, con Juan González. Gracias por acompañarnos.