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Desde Puerto Rico nos acompaña Juan Carlos Dávila, en momentos en que la isla lidia con una grave crisis de agua. Una sequía récord ha provocado una fuerte escasez y la implementación de un sistema de racionamiento de agua que, según la población, podría haberse evitado con un mejor mantenimiento de la infraestructura. Hace años que científicos especialistas en cambio climático advierten que es probable que las condiciones climáticas cambiantes en el Caribe exacerben los problemas de infraestructura existentes, pero en lugar de abordar la causa de raíz de la escasez de agua, explica Dávila, se justifica la privatización del sistema con el argumento de que el Gobierno tiene un patrón de inacción y de fracaso en los servicios públicos.
Hace diez años, Estados Unidos aprobó para Puerto Rico la llamada ley PROMESA para reestructurar la deuda de este territorio estadounidense a través de una junta supervisora, no elegida democráticamente, conocida popularmente como “La Junta”, que mantiene hasta el día de hoy una amplia autoridad para determinar la política fiscal y pública.
“Queda claro que “La Junta” no ha servido a los intereses del pueblo de Puerto Rico”, señala Dávila, y añade: “Ha servido definitivamente a los intereses de los bonistas y de las personas que han emitido o comprado la deuda que se ha creado y generado en Puerto Rico”.
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