
Esta semana, el FBI allanó la casa de la reportera Hannah Natanson, del periódico The Washington Post, y confiscó sus dispositivos electrónicos, como parte de una investigación sobre filtraciones de documentos por parte de un contratista del Gobierno, a quien se acusa de mal manejo de material gubernamental clasificado. Natanson viene informando extensamente sobre los cambios implementados por el Gobierno de Trump en la administración pública, incluídos los despidos masivos de trabajadores. Este allanamiento ocurre en medio de un patrón recurrente de ataques contra los medios de comunicación, que incluyen demandas judiciales, recortes de fondos, así como con una creciente consolidación corporativa de los medios de comunicación y las empresas de tecnología.
“Es difícil no ver [este allanamiento del FBI] como un esfuerzo para intimidar no solo quienes ejercen el periodismo, sino también a sus potenciales fuentes”, señala Jameel Jaffer, director del Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia. “Es un momento terrible para la libertad de prensa. […] Es necesario que los medios puedan informar a la sociedad sobre las acciones y decisiones del Gobierno, y contribuir para que los funcionarios del Gobierno rindan cuentas por sus actos”.
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