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Las revelaciones difundidas sobre una agresión sexual ocurrida en una fraternidad de la Universidad de Cornell en 2024 y sobre la forma en que la universidad respondió al hecho, están provocando indignación en Estados Unidos y reavivando el debate público sobre “en qué medida las fraternidades y el deporte [en las universidades] sostienen realmente esta cultura que permite que los agresores queden parcial o totalmente impunes”, afirma la profesora de Derecho Deborah Tuerkheimer.
En 2024, siete estudiantes varones evitaron ser procesados penalmente tras presuntamente drogar y violar en grupo a una estudiante en la casa de la fraternidad Chi Phi. Ahora, la Universidad de Cornell está siendo objeto de un intenso escrutinio por el modo en que manejó la investigación inicial, la cual determinó que la estudiante, identificada con el seudónimo “Jane Doe” para proteger su identidad, fue agredida sexualmente por dos de los siete hombres, en base a lo cual se expulsó a esos dos y se impuso consecuencias menores para los otros cinco. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, admitió que, en ese momento, su oficina no investigó el caso de forma independiente para tomar la decisión de no presentar cargos. Ahora, el fiscal de distrito ha reabierto el caso y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha designado a la fiscal general del estado, Letitia James, para investigar cómo se manejó el caso.
“En todo el país, vemos un patrón de investigadores, agentes de policía e incluso fiscales que deciden desde el primer momento que las denuncias no merecen ser investigadas y desestiman el caso antes de poder dar lugar a cualquier tipo de investigación”, afirma Tuerkheimer.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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