“¿Cuándo se va 'la Junta' de Puerto Rico?”: tras 10 años de PROMESA, el periodista Luis Valentín dice que las medidas de austeridad no han beneficiado a la isla

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman,
con Juan González.

El lunes en Puerto Rico se cumplieron 10 años desde que el presidente Obama designó a los primeros miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para gestionar la reestructuración de la deuda de la isla. La junta de supervisores fue creada bajo la Ley PROMESA de 2016 aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Para muchos puertorriqueños, la estructura antidemocrática de la junta impuesta por el presidente y el Congreso pone de manifiesto el estatus casi colonial de Puerto Rico, un territorio cuyos residentes no tienen representación con derecho a voto en el Congreso y no pueden votar por el presidente. Los puertorriqueños protestaron el lunes en San Juan contra la continuidad de la junta.

MANIFESTANTE: Desde un inicio, le dijimos al pueblo que esa ley no traería nada bueno, nada positivo; todo lo contrario, que venían a cobrar una deuda ilegal a costa de nuestro sufrimiento, que iban a abandonar a la gente con tal de pagar la deuda. Tristemente, diez años después estamos aquí. Los servicios esenciales: agua, luz, educación, salud pública, seguridad, cada día son peores.

AMY GOODMAN: Para hablar más de lo que han significado para Puerto Rico estos 10 años de la junta de control fiscal, conocida por muchos como “la Junta”, nos acompaña desde San Juan Luis Valentín, periodista de investigación del galardonado Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico.

Luis, ¿puede hablar de la importancia de este momento y de las protestas en las calles?

LUÍS VALENTÍN: Han sido ya diez años desde que se aprobó PROMESA y se nombraron los primeros miembros de la Junta de Control Fiscal. Y en estos diez años pues han reestructurado parte de la deuda de Puerto Rico y han traído medidas de austeridad y de disciplina fiscal, como ellos le llaman, al Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, todavía no tenemos presupuestos completamente balanceados y tampoco Puerto Rico tiene acceso a los mercados de capital, como establece PROMESA. La realidad es que esto trae una pregunta muy importante a la mesa, es que si la Junta ¿cuándo se va? y realmente, ¿qué está haciendo para lograr su salida de Puerto Rico?

En el Centro de Periodismo Investigativo, publicamos un informe el año pasado en el cual encontramos que en el plan fiscal, que es donde ellos establecen las medidas que tiene que tomar el Gobierno para implementar esas reformas que ellos piden, se establecen casi alrededor de 50 medidas distintas que la Junta entiende que el Gobierno tiene que hacer antes de que se pueda hablar de una salida de la Junta. Y esto, pues ciertamente es una interpretación bastante expansiva y acomodaticia a la visión de la Junta de lo que establece PROMESA directamente, que son cuatro presupuestos balanceados de manera consecutiva y el regreso a los mercados de capital a tasas de interés razonables. Claro, esta interpretación puede cambiar, pero creo que es un ejemplo claro de la subjetividad que hay en todo esto y que al final del día, PROMESA le da a la Junta el poder de decidir cuándo y cómo termina su mandato, si es que así lo quiere, acá en Puerto Rico.

JUAN GONZÁLEZ: Y Luis, nos puede hablar un poco de… En términos de la crisis de agua ahora, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (PRASA), que años atrás, en los 90, fue privatizada, pero eso fue un fracaso y entonces el Gobierno tuvo que tomar control de nuevo del sistema de agua. ¿Puede hablar un poco del papel de la Junta hoy en día en términos de PRASA?

LUÍS VALENTÍN: Claro. La crisis de agua que estamos viviendo hoy en Puerto Rico lleva mucho tiempo y se pudiese decir que antecede la llegada de la Junta a Puerto Rico. Ahora, la Junta sí tiene mucha responsabilidad con respecto a lo que es PRASA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Es una entidad cubierta bajo su mandato. Ellos le piden presupuestos, le piden planes fiscales, pueden pedirles planes de implementación acerca del trabajo que realizan para su infraestructura, en fin, ellos tienen mucho control sobre el día a día y las finanzas de esa corporación pública. Además, recordemos que se han recibido miles de millones de dólares precisamente para trabajo de infraestructura que incluye el trabajo de acueductos. Y la Junta tiene visibilidad y control sobre esos procesos también. Sin embargo, no hemos visto ese dinero siendo desembolsado, no hemos visto los proyectos grandes que se necesitan de infraestructura y estamos, hoy día, pues sufriendo una crisis que si bien es cierto la sequía ha empeorado, también es una mezcla de muchos factores, en gran medida falta de inversión en infraestructura y problemas de infraestructura en general. Así que eso por un lado.

En cuanto a qué ha dicho la Junta sobre una posible privatización de Acueductos, la realidad es que es distinto a lo que ocurrió con preparó con PREPA, con la Autoridad de Energía Eléctrica, donde la Junta, del saque podemos decir, pidió una privatización completa de todo el componente eléctrico, tanto de transmisión, distribución y generación. Y hoy día tenemos esas compañías privadas de Genera y Luma administrando esa operación.

Con respecto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, todavía no han pedido una privatización completa de la operación. Sí, el plan fiscal de Acueductos establece unas partes, unos componentes de la operación de Acueductos que deben ser privatizadas, servicio al cliente y otras cosas. Pero la realidad es que la operación en general todavía la Junta no ha dicho que deben privatizarla, claro. Y lo vimos en el informe. Esto no quita que en cualquier momento la Junta, ejerciendo sus poderes, apruebe un plan fiscal que establezca una privatización de la corporación pública de Acueductos y Alcantarillados. Pero hasta el momento no lo ha pedido y no lo establece el plan fiscal, que es el documento en el cual ellos establecen las medidas que requieren al Gobierno.

JUAN GONZÁLEZ: Y ya son diez años desde que la Junta tomó control de las finanzas y la economía de Puerto Rico. Mucha gente en Estados Unidos no sabe de la gran cantidad de dinero que los bufetes de abogados de Estados Unidos, compañías financieras, han ganado durante este tiempo de resolver la deuda. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Porque yo sé que su organización ha hecho unas cuantas investigaciones acerca de ese dinero.

LUÍS VALENTÍN: Claro, definitivamente en diez años se ha destinado muchísimo dinero. Estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares en total que han ido a abogados y asesores que han participado del proceso de reestructuración de la deuda. Esto es aparte al dinero que se desembolsa anualmente para las operaciones de la Junta. la Junta actualmente tiene alrededor de 80 empleados; tienen oficinas en San Juan; tienen distintos grupos de trabajo que van desde educación, salud, infraestructura, economía, desarrollo económico, en fin, opera bastante similar a una agencia de Gobierno, como las que tenemos acá en el Gobierno de Puerto Rico, y se le destinan casi 60 millones de dólares en fondos públicos anualmente para esa operación. De esos 60 millones, casi la mitad se va en abogados y asesores que contratan directamente para la operación de la Junta.

Así que estamos hablando de que en estos diez años se han destinado cientos de millones de dólares de fondos públicos de puertorriqueños, que pudiesen utilizarse en muchísimas cosas. Estoy seguro que las necesidades son muchas que pudieran usar esos recursos, sin embargo, se han destinado para la operación de la Junta y para el pago de asesores y abogados que han estado trabajando en los casos de quiebra que se han llevado bajo la ley PROMESA.

AMY GOODMAN: Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Valentín, periodista de investigación del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman, con Juan González.