Un tribunal de apelaciones del estado de California ordenó a las autoridades penitenciarias que reduzcan a la mitad el número de presidiarios de la superpoblada prisión estatal de San Quentin. Esta orden se da luego del surgimiento de un enorme brote de coronavirus que mató a 28 prisioneros e infectó a 2.200, aproximadamente tres cuartas partes de la población carcelaria. En el fallo, el tribunal mencionó la “indiferencia deliberada” del estado hacia la difícil situación de los prisioneros durante la pandemia. Las autoridades de la prisión están sopesando la posibilidad de apelar el fallo que obligaría al traslado o la libertad condicional de unas 1.100 personas detenidas en San Quintín.
En noticias relacionadas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha demandado a tres agencias federales, incluida la Oficina Federal de Prisiones, por documentos que demuestran una “respuesta fallida a la propagación del COVID-19 en prisiones y cárceles” por parte del gobierno federal, según palabras de la Unión.
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