En el Líbano, estalló el escándalo después de que un grupo de legisladores recibiera dosis de las vacunas contra el coronavirus dentro del edificio del Parlamento antes que las personas que estaban registradas en las listas de prioridad, lo que provocó que el Banco Mundial amenazara con suspender la financiación para el programa de vacunación del país.
Más de 200 miembros de la organización rabínica de derechos humanos T’ruah están pidiendo al Gobierno de Israel que distribuya vacunas contra la COVID-19 a residentes palestinos, con el argumento de que vacunar a todos los residentes de los territorios ocupados es un imperativo moral y legal.