En El Salvador, grupos de defensa de los derechos humanos advierten sobre un agravamiento de la crisis política luego de que la Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el partido político del presidente Nayib Bukele, votara para destituir a cinco jueces de la Corte Suprema. El fiscal general salvadoreño también ha sido destituido. El Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, o CISPES, ha calificado su destitución como ilegal y como un ataque a las instituciones democráticas. Otros grupos salvadoreños condenaron la medida.
José Marinero: “Condenamos categóricamente este golpe de Estado avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, que, mediante la cooptación de la justicia, pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona”.
En respuesta, CISPES está exigiendo que Estados Unidos retire los fondos para la policía y el Ejército salvadoreños y que deje de enviar ayuda, ya que, según ellos, solo beneficia los intereses económicos de la élite corrupta.
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