La Corte Suprema dictaminó el lunes que dos presos condenados en el estado de Arizona no podrán presentar nuevas pruebas ante la corte federal. Estas pruebas podrían demostrar que los presos no recibieron una adecuada representación legal, la cual llevó a sus condenas y sentencias de muerte. El caso involucra a David Martínez Ramírez y Barry Lee Jones, quienes afirman que sus abogados no presentaron las pruebas que podrían haber hecho que los exoneren. En representación de la mayoría conservadora de seis jueces del alto tribunal, frente a los tres restantes, el juez Clarence Thomas dictaminó que “nuevos litigios sucesivos en condenas definitivas socavan la finalidad que 'es esencial tanto para las funciones retributivas como disuasorias del derecho penal'”.
Quienes critican el fallo señalan que este evitará que las personas que sean condenadas injustamente intenten probar su inocencia. En una disidencia mordaz, la jueza Sonia Sotomayor calificó la decisión de “perversa” e “ilógica”. Sotomayor escribió: “Dos hombres cuyos abogados litigantes no proporcionaron ni siquiera el nivel mínimo de representación requerido por la Constitución pueden ser ejecutados porque fuerzas que están fuera de su control les impidieron reivindicar su derecho constitucional a un abogado”.