Con dos votos a favor y uno en contra, un panel federal de apelaciones ha impedido que personas y organizaciones a favor de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, interpongan demandas para hacer cumplir la Ley del Derecho al Voto, ya que le ha otorgado dicha autoridad al Gobierno de Estados Unidos únicamente. Los defensores del derecho al voto advierten que la decisión que un panel del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito tomó el lunes podría erosionar aún más la histórica ley de 1965 y debilitar las disposiciones que protegen de la discriminación racial a los votantes negros y de otras comunidades de color. La decisión mayoritaria fue redactada por el juez David Stras, quien fue designado por Donald Trump. El fallo se deriva de un caso de manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales del estado de Arkansas en el que la filial estatal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color acusó al estado de restringir el acceso al voto a los ciudadanos negros.
La directora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Sophia Lin Lakin, quien argumentó el caso, calificó la decisión del panel de “burla para la democracia” y dijo que el fallo “ha puesto en peligro la Ley del Derecho al Voto y ha dejado de lado las protecciones fundamentales por las que los votantes han luchado y muerto”. Se espera que el fallo sea impugnado, por lo que podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos.
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