El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado a la División de Derechos Civiles que paralice todos los litigios pendientes. Los casos en curso, incluidos los acuerdos para llevar a cabo reformas policiales en importantes ciudades, estarán sujetos al criterio de los jueces. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley calificó la orden como una medida “sin precedentes” que “debería enfadar y preocupar profundamente a los estadounidenses”.
Por otra parte, el Departamento de Justicia ha ordenado a los funcionarios federales que lleven a juicio a los funcionarios estatales y locales que se resistan a implementar los planes de deportaciones en masa del Gobierno de Trump.
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