En Estados Unidos, el cierre del Gobierno federal ha entrado en su trigésimo sexto día, convirtiéndose, de este modo, en el más largo en la historia del país. El martes, el Senado de Estados Unidos rechazó por decimocuarta vez un proyecto de ley de financiación presupuestaria aprobado por la Cámara de Representantes, al tiempo que los demócratas exigen la extensión de los créditos fiscales para las primas de los seguros médicos establecidos en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Un informe reciente de la Fundación Kaiser Family ha revelado que si los subsidios caducan, los pagos de las primas que tendrá que asumir un afiliado promedio tendrían un incremento superior al 100%, mientras que algunas personas verían aumentos de más del 500%.
El martes, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el Gobierno estadounidense podría verse obligado a cerrar gran parte del espacio aéreo del país debido a la grave escasez de controladores de tránsito aéreo, unos 11.000 de los cuales no han recibido su salario durante la paralización de los servicios gubernamentales. Duffy advirtió sobre un “caos masivo” en los aeropuertos si el cierre del Gobierno federal se extiende una semana más. Pocas horas después de los comentarios de Duffy, un avión de carga de la compañía de logística UPS se estrelló en un aeropuerto de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Al menos siete personas murieron y otras once resultaron heridas en el accidente.
Mientras tanto, el presidente Trump pareció desafiar las órdenes de un tribunal federal al realizar el martes una publicación en redes sociales en la que proclamó que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) “se otorgarán únicamente cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes”. Trump publicó dicha declaración a pesar de que dos tribunales federales diferentes ordenaron al Gobierno de Estados Unidos seguir financiando el SNAP, cuyos cupones ayudan a unos 42 millones de personas a comprar alimentos cada mes. El martes, un grupo de abogados que representa a ciudades estadounidenses y organizaciones sin fines de lucro volvió a solicitar a un tribunal que emita una orden que obligue al Gobierno de Trump a pagar los beneficios del SNAP de manera rápida y completa. Estas fueron las palabras expresadas por Daletia Chung, una beneficiaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del estado de Maryland que predijo que cualquier retraso adicional podría provocar un estallido social.
Daletia Chung: “Están buscando problemas, porque la gente tiene niños que alimentar, y se sabe que la gente va a reaccionar a esa medida. Ahora bien, no sé si alguien está tratando de declarar la ley marcial con ese tipo de cosas, pero esto puede provocar muchos problemas graves. La gente tiene que comer”.
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