Durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, una jueza federal impidió que el Gobierno de Trump deportara ilegalmente a cerca de 700 menores de edad provenientes de Guatemala con una orden judicial de última hora, que frenó el traslado de estos niños y niñas incluso cuando a algunos de ellos ya se les había hecho subir a los aviones. La organización National Immigration Law Center, que trabaja por los derechos migratorios, presentó una solicitud de emergencia para detener estos vuelos de deportación en la que argumentaba que los niños y niñas estaban en riesgo de sufrir daños y abusos si regresaban a Guatemala. Se trata de migrantes que llegaron a los Estados Unidos como menores no acompañados y, en muchos casos, están viviendo en refugios o en hogares de acogida. El Gobierno de Trump insiste en que está actuando a petición de sus familias y del Gobierno de Guatemala.
“Existen protecciones para los menores no acompañados que establecen cómo se puede liberar a un niño o niña de la custodia gubernamental, bajo el cuidado de quién y qué proceso se debe seguir si quieren regresar a su país”, explica Efrén Olivares, abogado que representa a los menores guatemaltecos no acompañados. “Si esta fuera una repatriación benigna para enviar a los niños y niñas de vuelta con sus familias, no se hubiera llevado a cabo a la medianoche del domingo del fin de semana largo del Día del Trabajo”.
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