A principios de esta semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que, en septiembre, había utilizado secretamente un depósito del Gobierno federal en Roxbury, Nueva Jersey, para organizar y procesar detenciones, a pesar de que existía una orden judicial que prohibía el uso del lugar hasta que se completara un un estudio de impacto ambiental. “El ICE y este Gobierno eligen qué leyes cumplir y luego vulneran el debido proceso y la protección equitativa para la mayoría de la gente”, afirma la congresista demócrata de Nueva Jersey, Analilia Mejia. “Este Gobierno simplemente actúa con un nivel de impunidad y crueldad que, francamente, debería conmocionar a cada habitante de Estados Unidos”.
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