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Tras el fracaso de su impulso para que la Corte Suprema de Estados Unidos anule la ciudadanía por derecho de nacimiento, los legisladores republicanos están recurriendo a nuevas tácticas para privar de sus derechos a personas nacidas en suelo estadounidense. Su blanco más reciente son las personas nacidas de personas no ciudadanas o poseedoras de permisos de residencia permanentes que viven en territorios de Estados Unidos como Puerto Rico, donde la Corte Suprema ha dictaminado que la ciudadanía se otorga por ley y donde no se aplican las protecciones constitucionales completas que sí rigen en el resto del territorio estadounidense. El proyecto de ley para “Poner fin a la Ciudadanía por Derecho de Nacimiento en los Territorios” abriría la puerta e establecer “una subcategoría de personas a las que es posible discriminar” e “ignorar como seres humanos” en los territorios de Estados Unidos, explica el jurista puertorriqueño Efrén Rivera Ramos, quien nos acompaña desde la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico. Si bien el congresista republicano de Virginia Morgan Griffith, patrocinador de dicho proyecto de ley, dice que su objetivo es regular el llamado 'turismo de nacimiento', Rivera Ramos plantea que el texto de la ley no es tan claro al respecto.
La condición casi colonial de Puerto Rico también se está poniendo de relieve en estos días por el décimo aniversario de la Ley PROMESA, una legislación sancionada durante el mandato de Obama que creó una junta de control fiscal designada por Estados Unidos para administrar las finanzas de la isla y reestructurar su deuda. En la práctica, PROMESA “ha sido un fracaso”, afirma Rivera Ramos y añade que este organismo antidemocrático impuso medidas de austeridad e hizo muy poco para abordar la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia que afectan a la economía de Puerto Rico.
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