La semana pasada, una mujer de 87 años de edad llamada María del Carmen Abascal Martín fue desalojada de su hogar en Madrid después de que su edificio fuera comprado por un fondo de inversión, que aumentó su alquiler a más del triple. Este desalojo se ha convertido en un símbolo del aumento del costo de vida en España y ha desencadenado movilizaciones en todo el país contra la codicia empresarial y la desigualdad económica. En estos momentos, más de 600 manifestantes están acampando frente a la sede del Gobierno regional de Madrid para demandar nuevas protecciones para las y los inquilinos.
“Hay mucha gente enojada, gente enfurecida, que le está demandando al Gobierno y a las instituciones públicas que nos den algún tipo de solución”, afirma Sabina Carrau, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que se está posicionando a favor del “Decreto Maricarmen”, llamado así por la inquilina desalojada, el cual se debatirá en el Gobierno español esta semana.
En España, como en gran parte del mundo, el sistema de vivienda “está realmente orientado al turismo y a la posesión y compra de casas como forma de especulación”, afirma la legisladora socialista Tesh Sidi, quien llama a respetar el derecho a la vivienda y “el derecho a tener una vida asequible”. Sidi, la única diputada saharaui del Parlamento español, también habla sobre la relación colonial que mantiene España con el Sáhara Occidental y cuenta cuál es la situación de los derechos y la autodeterminación del pueblo saharaui.
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