Al día de hoy se cree que la contratista militar privada Blackwater mató a veinte civiles iraquíes en el tiroteo masivo del domingo en Bagdad. El gobierno iraquí revocó el permiso de Blackwater en medio de informes de que nueve civiles habían sido asesinados cuando los guardias de la contratista abrieron fuego. Blackwater dice que sus guardias respondieron tras la explosión de una bomba colocada al costado de la carretera. No obstante, en su informe inicial sobre el tiroteo, el Ministerio del Interior de Irak estableció que los guardias le dispararon a un vehículo pequeño que no se apartó para permitir que pasara el convoy de Blackwater. Una pareja iraquí y su pequeño hijo murieron en el ataque. El New York Times informa que imágenes del tiroteo muestran al niño quemado junto al cuerpo de la madre luego de que su automóvil se prendió fuego. Se cree que luego los guardias y los helicópteros de Blackwater dispararon indiscriminadamente contra los civiles. Un sobreviviente del ataque le dijo a McClatchy Newspapers que los guardias de la contratista militar dispararon contra un grupo de trabajadores del servicio de mantenimiento, contra otros dos autos, y contra un mini-bus lleno de jóvenes iraquíes de sexo femenino. Tanto el sobreviviente como otro testigo dicen que no escucharon ruido de disiparos antes de que los guardias de Blackwater abrieran fuego.
La revocación del permiso de Blackwater ha subrayado el rol central que tienen las empresas militares privadas en la ocupación estadounidense de Irak. Luego de que se impuso esta sanción, la embajada estadounidense anunció inmediatamente que suspendería todo movimiento de miembros de la diplomacia en Irak. Blackwater opera en virtud de un contrato multimillonario para proteger a altos funcionarios estadounidenses en ese país.
No obstante, algunas personas están especulando que el gobierno iraquí ya se retractó de imponer la sanción. Un portavoz del gobierno iraquí le dijo a la CNN que la prohibición de operar no era definitiva, y sugirió que podría ser revocada si Blackwater aceptaba respetar las leyes iraquíes.
Mientras tanto, informamos que Blackwater también está siendo acusada de otro tiroteo mortal contra un civil en Irak. Un ingeniero iraquí que vive en Gran Bretaña reveló que el mes pasado, los guardias de Blackwater le dispararon a su padre de 75 años de edad en la localidad de Hilla, en el sur de Irak. Safaa Rabee dice que su padre se corrió hacia el costado de la calle para permitir que el convoy de Blackwater pasara, pero que el último vehículo del convoy abrió fuego cuando éste volvió a pararse en la calle. Un jefe de la policía iraquí le dijo a Rabee que no tiene recursos legales para acusar a los asesinos de su padre.
En otras noticias de Irak, nuevas cifras indican que el número de iraquíes desplazados ha aumentado en aproximadamente 50.000 personas desde julio. La Organización Internacional para la Migración (OIM) dice que más de 2.225.000 iraquíes han huido de sus hogares desde que comenzó la invasión estadounidense.
Uno de los principales funcionarios de supervisión del gobierno de Bush está siendo acusado de frustrar investigaciones sobre el fraude de contrataciones en Irak y Afganistán en reiteradas ocasiones. El martes, el congresista Henry Waxman dijo que el Inspector General del Departamento de Estado, Howard Krongard, ha censurado informes y cerrado investigaciones para evitar que la Casa Blanca pasara vergüenza. Krongard es acusado de negarse a enviar investigadores a Irak y Afganistán para examinar contratos valuados en un total de tres mil millones de dólares. También se dice que intervino personalmente para anular los cargos por trato abusivo a los empleados contra el principal contratista encargado de la construcción de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Las acusaciones se basan en declaraciones de siete empleados y ex miembros del personal de Krongard, así como también en correos electrónicos privados. Krongard asumió su cargo en mayo de 2005, sin tener ninguna experiencia previa en el Departamento de Justicia.
Un oficial del Cuerpo de Infantería de Marina fue absuelto de la acusación de no haber investigado debidamente la masacre de 24 civiles en la localidad de Haditha. El capitán Lucas McConnell fue uno de los ocho infantes de marina que afrontó cargos con relación a los asesinatos cometidos en noviembre de 2005. La masacre salió a la luz luego de que funcionarios estadounidenses afirmaron que quince civiles habían muerto al explotar una bomba colocada al costado de una carretera, en un intento por encubrir lo ocurrido.
En Azerbaiyán, oficiales militares estadounidenses recorrieron el martes la estación de radar que Rusia propuso como alternativa al plan del gobierno de Bush de construir el llamado “escudo de defensa antimisiles” en Europa.
Se prevé que el viaje no tendrá una gran repercusión en los planes de Estados Unidos. La Casa Blanca ya desechó a Azerbaiyán como un lugar alternativo. Estados Unidos quiere colocar el sistema de defensa antimisiles en Polonia y la República Checa, a pesar de la oposición de la mayoría de la población en ambos países.
En Argentina, docenas de personas se congregaron el martes para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de un testigo clave cuyo testimonio ayudó a condenar a un ex jefe de la policía. Jorge Julio López, de 77 años de edad, desapareció un día después de que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura y secuestro durante la “guerra sucia” de Argentina.
Jorge Julio Lopez había prestado declaración sobre su secuestro y tortura en manos de la dictadura militar argentina, hace treinta años. Muchas personas creen que fue secuestrado nuevamente para impedir que otros testigos se atreviesen a declarar.
El Ministro de Asuntos Exteriores cubano criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba antes de la votación anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes. Felipe Pérez Roque habló el martes en La Habana.
Todos los años la Asamblea General solicita de forma abrumadora el levantamiento del embargo. El año pasado una cifra histórica de 183 países votó para levantar el bloqueo. Únicamente Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palua votaron en contra.
Un juez federal aceptó un acuerdo de alegato que evitará que ejecutivos y ex ejecutivos de la gigante bananera Chiquita vayan a prisión. Este año Chiquita admitió haberle pagado 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar colombiano de derecha que figura en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Surgen preguntas acerca de si la decisión del Departamento de Justicia es en realidad un intento de evitar el que se lo someta a examen público, con respecto a si el gobierno de Bush le dio a Chiquita su aprobación tácita. El mes pasado la empresa reveló que le dijo al Secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff acerca de los pagos cuando éste trabajaba para el Departamento de Justicia, en abril de 2003. Chertoff prometió una respuesta, pero ésta nunca llegó. La compañía continuó realizando los pagos durante casi otro año más. En virtud del acuerdo de declaración, Chiquita pagará una multa de 25 millones de dólares, lo que fue propuesto por la propia empresa. La compañía tiene ganancias anuales de alrededor de 4.500 millones de dólares. Funcionarios colombianos han criticado el acuerdo. El Ministro de Justicia colombiano Carlos Holguin dijo: “[Este acuerdo] no es propio de la justicia de Estados Unidos… da la idea de que la impunidad se puede comprar con unos cuantos millones de dólares”.
En materia económica, nuevas cifras demuestran un persistente aumento de las ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos. La presentación de ejecuciones hipotecarias alcanzó casi las 244.000 el mes pasado, lo que significó un aumento del 36% con respecto a julio, y más del doble comparado con el mismo período del año anterior.
La policía de la Universidad de Florida está siendo acusada de censura y uso excesivo de fuerza luego de haber aplicado choques eléctricos con una porra Taser a un estudiante durante una conferencia del senador demócrata John Kerry. El estudiante de periodismo de 21 de edad, Andrew Meyer, fue aprehendido mientras intentaba preguntarle a Kerry acerca de la privación del voto a ciudadanos afroestadounidenses en las elecciones presidenciales de 2004. Meyer tenía una copia del libro del periodista de investigación Greg Palast titulado “Armed Madhouse”. Ante un auditorio repleto de gente, los oficiales de policía cortaron el micrófono de Meyer, lo retiraron de la sala, y le aplicaron choques eléctricos con una porra Taser. Más tarde el estudiante fue arrestado y acusado de resistir el arresto, y de perturbar la paz. Fue liberado el martes por la mañana, luego de pasar la noche en prisión. Horas más tarde, alrededor de 300 estudiantes de la Universidad de Florida marcharon en el predio universitario para protestar.
El ex embajador de Estados Unidos ante la ONU declaró que el gobierno de Bush apoyaría un ataque de Israel a Irán. En una entrevista con un periódico israelí, Bolton dijo: “Estamos hablando acerca de dar un mensaje claro a Irán —- Israel tiene derecho a defenderse— y eso incluye operaciones de ofensiva contra las instalaciones de armas de destrucción masiva que representan una amenaza para Israel. Estados Unidos justificaría esos ataques”.
Mientras tanto en Israel y los Territorios Ocupados, el gobierno israelí afirma que declaró a Gaza “entidad enemiga”, y que interrumpirá su abastecimiento de electricidad y combustible. Funcionarios israelíes catalogaron la decisión como una respuesta al lanzamiento de cohetes palestino. Los funcionarios describieron las medidas como “frenos civiles” que ayudarán a presionar a los líderes de Hamas a que respondan. También se informó que el Ministro de Defensa israelí Ehud Barak habría dicho que cada día que pasa Israel se acerca más a un nuevo ataque contra Gaza. Israel indica que por el momento detendrá la interrupción del abastecimiento de agua a Gaza. Para los funcionarios de Hamas los planes de Israel representan un castigo colectivo, y son vistos como una declaración de guerra.
En el programa del martes informamos que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está acusando a los congresistas demócratas de redactar un borrador de un informe engañoso y erróneo sobre el programa nuclear de Irán. De hecho, la crítica de la OIEA estaba dirigida a los congresistas republicanos. El año pasado, el 12 de septiembre de 2006, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU envió una carta al congresista republicano Peter Hoekstra de Michigan, quien entonces era el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La carta afirmaba que el informe de Hoekstra sobre Irán distorsionaba en forma grave las propias investigaciones de la OIEA sobre la actividad nuclear de Irán. El congresista demócrata Rush Holt de Nueva Jersey no participó en la redacción del borrador del informe del Congreso y fue crítico de sus conclusiones. El martes describimos la participación del congresista Holt en forma equivocada.