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El martes, un tribunal nacional de Guatemala dictó las primeras condenas en el caso de la tristemente célebre masacre de Dos Erres. Corría 1982 cuando los soldados guatemaltecos atacaron la aldea Las Dos Erres y mataron a más de 200 personas –muchas de ellas mujeres, niños y ancianos–, que fueron atacadas antes de ser fusiladas o golpeadas hasta la muerte y luego fueron arrojadas a un pozo de agua. Casi 30 año después, un juez guatemalteco ha condenado a cuatro de los soldados que perpetraron el ataque de Dos Erres a 6.060 años de prisión a cada uno, equivalente a 30 años por cada persona que mataron. El tribunal también determinó que los soldados son culpables de crímenes contra los derechos humanos, y agregó otros 30 años a su condena. Es el último paso en un proceso para poner fin a la impunidad de los implicados en la muerte o la desaparición forzosa de más de 200.000 personas en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, grupos de derechos humanos alegan que el general Otto Pérez Molina, actualmente uno de los principales candidatos presidenciales en Guatemala, estuvo directamente involucrado en el uso sistemático de torturas y en actos de genocidio en la década del ’80 y que, de ser elegido, podría bloquear los casos pendientes. Hablamos con Annie Bird, co-directora de Derechos en Acción, y con Ramón Cadena, el juez designado ad hoc para presentar el caso de la masacre de Dos Erres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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