La lucha de la activista afrocolombiana Francia Márquez para detener la extracción ilegal de oro

Original en Español23 de mayo de 2018
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Francia Márquez, una destacada activista afrocolombiana que recibió este año el Premio Ambiental Goldman para Centroamérica y Sudamérica, visitó Democracy Now! en mayo de 2018. En esta amplia entrevista con Amy Goodman, Márquez describe cómo organizó a su comunidad de La Toma, en la región del Pacífico sudoccidental de Colombia, para detener la extracción ilegal de oro por parte de corporaciones multinacionales en sus tierras ancestrales. En 2014, Márquez lideró una marcha de 80 mujeres, que durante 10 días recorrió 350 kilómetros desde el Cauca hasta la capital de Colombia, Bogotá, y que llevó al cese de las operaciones mineras ilegales en La Toma y a la remoción de toda la maquinaria. A pesar de las amenazas de corporaciones multinacionales y paramilitares, ella sigue luchando, aunque se ha visto obligada a abandonar su hogar.

Transcripción

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. Hablaremos ahora con una destacada activista comunitaria afrocolombiana que ha recibido el Premio Ambiental Goldman 2018 para Centroamérica y Sudamérica. Francia Márquez ayudó a organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma para detener la extracción ilegal de oro por parte de corporaciones multinacionales en sus tierras ancestrales. La Toma está ubicada en el Departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. A continuación veremos parte del documental “La Toma”, dirigido por Paola Mendoza, en el que aparece Márquez hablando sobre su comunidad.

FRANCIA MÁRQUEZ: La Toma tiene ese nombre porque, según lo que nos han dicho nuestros mayores, desde allí se tomaba el agua para las minas. Nuestros mayores fueron traídos como esclavos a este continente, a La Toma, que era el sitio donde hacían las pilas para recoger el agua lluvia y luego por los zanjones hacer la minería. Una vez que se abolió la esclavitud, ellos continuaron esa actividad. Luego los liberaron, los soltaron como a un niño cuando nace, sin oportunidades, sin nada. Y les tocó utilizar esas mismas herramientas que venían desarrollando para poder sacar a sus familias adelante. Por eso, este es uno de los primeros palenques libertarios al norte del Cauca.

AMY GOODMAN: En 2014, Francia Márquez lideró una marcha de 80 mujeres, que durante 10 días recorrió 350 kilómetros desde el Cauca hasta la capital de Colombia, Bogotá, y que llevó al cese de las operaciones mineras ilegales en La Toma y a la remoción de toda la maquinaria. A pesar de las amenazas de corporaciones multinacionales y paramilitares, ella sigue luchando, aunque se ha visto obligada a abandonar su hogar. Francia Márquez, bienvenida a Democracy Now! Es un honor que esté con nosotros. Cinco de los seis ganadores del Premio Goldman son mujeres, y usted es una de ellas, la única de Colombia. Háblenos de su lucha y de lo que desea que la gente en Estados Unidos y otros lugares del mundo entienda sobre lo que ocurre en La Toma.

FRANCIA MÁRQUEZ: Muchas gracias a ustedes. Como saben, durante los últimos años he estado acompañando a mi comunidad afrodescendiente en una lucha colectiva para garantizar la permanencia de la comunidad en sus territorios. En los últimos años, el gobierno ha estado entregando nuestro territorio a grandes empresas transnacionales como Anglo Gold Ashanti, Cosigo Resources y Panamerican Limitada, pero también a personas foráneas que en 2009 solicitaron títulos de explotación minera y órdenes de desalojo de la comunidad que había estado en ese territorio desde 1636. Desde 2009, hemos emprendido una lucha colectiva como pueblo afrodescendiente para que se reconozca ese territorio como un territorio ancestral de comunidades afrodescendientes. Queremos que se apliquen normas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el derecho a la consulta previa. Esta lucha ha sido una lucha jurídica pero también una lucha organizativa con la articulación de movimientos negros o de comunidades afrodescendientes, como el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, y de acciones organizativas y comunitarias. Ha sido una lucha fuerte, colectiva, que no solo está sobre los hombros de Francia Márquez, sino de muchas personas, de muchas comunidades, de muchas mujeres activistas para garantizar la permanencia en el territorio, para proteger los ríos, proteger el agua, proteger nuestro territorio como un espacio de vida. Esa ha sido parte de la lucha que hemos hecho, y por esa lucha nos hemos convertido en objetivo militar de actores armados, que defienden los intereses de las grandes empresas transnacionales y también de la minería ilegal, que ha entrado al territorio, posterior al otorgamiento de títulos mineros, para destruir los ríos y para llenar nuestro territorio de mercurio y cianuro. Lamentablemente, mucha gente que va a esas minas ilegales también ha terminado muerta. Gente de nuestras comunidades, que va a rebuscarse a esas minas, que esté buscando oportunidades para poder sostener a su familia.

AMY GOODMAN: ¿Estamos hablando de extracción de oro? ¿Qué impacto tiene esto en la región?

FRANCIA MÁRQUEZ: Mayoritariamente es minería de oro. Esta es una larga historia. Yo crecí haciendo minería ancestral. Mis ancestros fueron traídos como esclavos desde África a América en 1636, y llegaron para hacer minería en las minas esclavistas, pero también para hacer agricultura en las haciendas esclavistas en la región del norte del Cauca. Durante años nosotros hemos hecho minería artesanal, pero el tipo de minería que hoy se está planteando, es una minería que está envenenando el agua y que está destruyendo el territorio a gran escala. Y eso implica grandes amenazas y consecuencias ambientales para la comunidad afrodescendiente que está ahí y para la humanidad como tal, también.

AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos sobre La Toma, en Cauca, esa tierra ancestral de afrocolombianos? Usted mencionó que sus antepasados fueron llevados allí a la fuerza desde África y esclavizados.

FRANCIA MÁRQUEZ: Sí, efectivamente. En Colombia, hay alrededor de 10 millones de personas afrodescendientes y todas somos descendientes de seres humanos que fueron traídos en condición de esclavitud desde África y, básicamente, llegaron para hacer dos actividades: agricultura en las haciendas esclavistas y minería en esas montañas. Y esa es la historia que nos ha tocado vivir a gran parte a la comunidad afrodescendiente en ese país, y es la historia de mi comunidad. Una vez que se abolió la esclavitud, nunca indemnizaron a nuestros ancestros y ancestras, indemnizaron a los esclavistas. En las tierras que nosotros tenemos hoy hemos hecho comunidad y hemos recreado la cultura. Y ante un abandono estatal, a nosotros nos tocó hacer minería artesanal, con batea, y nos tocó practicar la agricultura para sustentar a nuestras familias porque el Estado no asumió y ni ha asumido hasta ahora su responsabilidad. Hasta hoy la gente afrodescendiente tiene las condiciones básicas más insatisfechas del país. No hay agua potable, no tenemos acceso a educación de calidad y no tenemos acceso a servicios de salud. Esos territorios en el pasado fueron olvidados, pero luego esos territorios se convirtieron en un interés para la economía. Nosotros vemos nuestros territorios como espacios de vida, pero hay otros que los ven como un espacio para obtener más riqueza acumulativa, y eso ha puesto en riesgo la permanencia de muchas comunidades en esas tierras. Además, todo esto ha ocurrido en el contexto del conflicto armado. Esa situación también ha afectado desproporcionadamente nuestra permanencia. Y el conflicto armado no se da gratis, obedece a un modelo económico que excluye, que explota y que racializa a la gente.

AMY GOODMAN: Háblenos de la lucha antes y después del proceso de paz en Colombia. Y también sobre la marcha de mujeres, qué es lo que estaba pasando en este momento, quiénes eran los mineros ilegales y quiénes son ahora.

FRANCIA MÁRQUEZ: La violencia, para la oficialidad en Colombia, empezó hace 60 años. Para nosotros como pueblos afrodescendientes y para las comunidades indígenas, la violencia ha estado presente desde hace 400 años en Colombia. No ha habido un día en que nuestros territorios no vivan la violencia, en el que nosotros como pueblo, como comunidad y como mujeres, no tengamos que asumir esa violencia, que vivirla. Entonces, digamos que han ocurrido hitos en los cuales esa violencia se ha disparado, y tenemos que decir que en los últimos 15 años, desproporcionadamente, el conflicto armado se disparó por la presencia de actores ilegales, guerrillas, pero también por la presencia de grupos paramilitares que han asesinado a las comunidades, que las han desplazado forzosamente de sus territorios. Mi territorio, en el departamento del Cauca, ha sido uno de los departamentos más golpeados por la violencia del conflicto armado. Sabemos que ese conflicto no surge porque la gente se quiera matar. Obedece a las desigualdades, obedece a un modelo económico que se ha impuesto sobre la vida de la gente y que ha violentado los derechos de la gente. Hoy tenemos un proceso de paz que se ha iniciado desde ya hace seis, cinco años, que para mí no es la paz, porque la paz implica justicia social. La paz implica transformaciones estructurales y bienestar para la gente, y hoy desafortunadamente en mi país hay gente, niños indígenas y comunidades afrodescendientes muriéndose de hambre. Hay ocho millones de víctimas que hoy no han sido reparadas. Ese es el número oficial porque el extraoficial es mucho más, pero esta gente no ha sido reparada. Entonces, hasta que no haya una reparación y una redistribución y mejora de las condiciones de vida para la gente, creo que no vamos a llegar a una paz real. No podemos desconocer que los avances frente a la aislación del conflicto armado son importantes y creo que ese es el primer paso para llegar a la paz entre dos actores armados que se han enfrentado históricamente en nuestros territorios. Hemos visto muertos, han minado el territorio, y hemos visto tomas guerrilleras, tomas paramilitares y bombardeos militares por parte del mismo Estado. Entonces, creo que es necesaria una transformación para llegar a la paz. Sin embargo, como decía antes, se trata de un camino largo. Desafortunadamente, hubo muchos actores económicos que lucraron con la guerra y muchas comunidades empobrecidas a las que nos tocó vivir las consecuencias de la guerra. Fueron nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos los que fueron a la guerra. Pelearon en una guerra absurda que no era nuestra. Los hijos de los grandes poderosos no fueron al ejército, ni a la guerrilla, ni a las milicias paramilitares, fue nuestra gente, los pobres. Creo que hoy tenemos un gran desafío que es cómo avanzar en esa paz en Colombia que puede terminar siendo el avance hacia una paz en el mundo.

AMY GOODMAN: Veamos una parte del documental La Toma que muestra la reacción de un residente de La Toma ante la noticia de que el gobierno colombiano quería desalojar el lugar.

SHIRLEY VERGARA: En estos momentos nos están perturbando nuestras vidas, no podemos tener tranquilidad porque estamos con el temor de que en cualquier momento van a llegar, de pronto van a matar a alguien o algo por estilo. Entonces, eso es algo que a mi al menos me da miedo. Me da temor, yo no quisiera que eso pasara. Qué va a ser de mis sobrinos, de mis hijos, ¿dónde van a ir a parar? Yo estuve en la ciudad y volví porque a mi me gusta esta tierra, a mi la ciudad no me interesa, es algo que para mi es fuera de lo común. Yo quiero vivir en mi campo, seguir respirando aire puro, seguir viviendo con esta gente tranquila.

AMY GOODMAN: Esa era Shirley Vergara. ¿Puede explicar más a fondo qué es lo que le preocupa? ¿por qué está tan angustiada?

FRANCIA MÁRQUEZ: Shirley Vergara es una compañera con la que hemos peleado y luchado históricamente. Crecimos juntas y juntas hemos hecho minería, pero también juntas nos dimos a la tarea de ayudar a defender el territorio. Y, básicamente, expresamos la tristeza de lo que significa salir del territorio, tener que de un momento a otro dejar el territorio, donde podemos hacer la vida comunitaria, donde podemos sembrar lo que necesitamos para comer e ir al río a pescar y con eso alimentar a nuestra familia; para irnos en condición de desplazados a una ciudad donde no tenemos esa vida nuestra. Irnos a hacer otra vida en la ciudad, a vivir otras situaciones de violencia en la ciudad. Entonces, básicamente, lo que estamos expresando es eso: el territorio para nosotros es la vida. Y cuando digo la vida es porque ahí recreamos nuestra cultura, porque el territorio nos provee gran parte de los alimentos para sostener a nuestras familias, etcétera, etcétera. Cosa que en la ciudad no se da. En la ciudad si uno no tiene plata se muere de hambre.

AMY GOODMAN: ¿Cuándo hizo el gobierno colombiano esa amenaza?

FRANCIA MÁRQUEZ: En 2009 fue el primer intento de desalojo de la comunidad y bajo argumentos que para mí tienen que ver con el racismo estructural. “Ustedes no son comunidad afrodescendiente”; “ustedes no tienen derecho a ser consultados”. Decían que la minería es de interés general y como es de interés general una comunidad específica tiene que desaparecer o tienen que violentarse los derechos de una comunidad específica. Decían que la minería hoy la necesitamos para el desarrollo del país, y nos preguntamos, pero ¿cuál desarrollo? Si no tenemos acceso a agua potable, no tenemos acceso a servicios de salud, no tenemos acceso a educación de calidad, ¿de cuál desarrollo nos están hablando? Vivimos con las condiciones básicas más miserables, con las necesidades básicas más insatisfechas. Vivimos en condiciones de empobrecimiento. En nombre del desarrollo, nos han empobrecido. En nombre del desarrollo, nos han violentado. En nombre del desarrollo, esclavizaron a mis ancestros y ancestras.

AMY GOODMAN: Pasemos a Lisifrey Ararat, describiendo las amenazas que ustedes dos recibieron al intentar salvar a la comunidad de La Toma. Nuevamente, esto es del documental “La Toma”.

LISIFREY ARARAT: La primera amenaza llegó vía fax, nos hicieron efectiva otra amenaza vía mensaje de texto. Cabe decir que ya esto era sistemático porque ya nos habían matado a un gobernador indígena. Es una cosa que si usted me dice “pruébelo” yo no lo podría probar, pero para nosotros es la lógica. Las multinacionales están acompañadas o los paramilitares han hecho su trabajo de limpiar el área.

AMY GOODMAN: Ese era Lisifrey Ararat, describiendo las amenazas de muerte contra ustedes dos. ¿A qué se enfrenta cuando lucha contra la explotación minera ilegal?

FRANCIA MÁRQUEZ: Desde el 2009 hemos estado recibiendo amenazas de muerte. Y para nosotros hay una coincidencia muy clara: las amenazas existen desde que se entregaron los títulos mineros, desde que se dictó una orden de desalojo y nosotros nos negamos como comunidad a salir desplazados forzosamente de nuestro territorio. Desde ahí no han parado las amenazas, y nos han llegado mensajes de texto diciendo “los declaramos objetivo militar porque ustedes se oponen a la entrada de las empresas multinacionales y porque están estancando el desarrollo”. Uno no puede decir de dónde vienen las amenazas, pero diría que hay un nexo entre los intereses económicos en nuestro territorio y quienes nos amenazan. Hemos hecho varias denuncias en la Fiscalía, y hasta ahora no ha habido ni una sola investigación por parte de la Fiscalía para saber quiénes nos están declarando objetivo militar y para que se haga justicia frente a las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo. En el 2014 fui desplazada forzosamente. Fueron a buscarme a mi casa por oponerme a la gran minería y también a la minería ilegal que se ha permitido que ingrese en nuestros territorios. Ésa es la situación de La Toma. Ésa es la situación de Colombia, de todo el país. Hay muchas comunidades afrodescendientes indígenas y campesinas viviendo la misma situación. La misma situación de amenaza. La misma situación de desplazamiento forzado. A pesar que ahora hay un proceso de paz, cientos de líderes y lideresas están siendo judicializados. Están siendo asesinados, y nadie está evitando que los maten. Todos los días están matando líderes y lideresas, y nadie está haciendo nada para parar esa violencia. Esa es la experiencia de La Toma y esa es la experiencia de mucha gente en el país, de líderes sociales de distintas organizaciones y de pueblos étnicos.

AMY GOODMAN: Cuando recibió el Premio Goldman, usted mencionó a Berta Cáceres, la destacada ambientalista hondureña que fue acribillada en su casa en La Esperanza, Honduras, mientras trataba de evitar la construcción de una gran represa en su comunidad. Veamos un video de Berta cuando recibió el Premio Goldman. Ella prometió en ese momento continuar defendiendo los derechos de la Madre Tierra y de las comunidades indígenas.

BERTA CÁCERES: Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH caminando con los pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos, y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción. El río Gualcarque nos ha llamado. Así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al COPINH, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.

AMY GOODMAN: Esa era Berta Cáceres en 2015 al ganar el Premio Ambiental Goldman. Menos de un año después fue abatida a tiros. Francia Márquez, ¿podría hablar sobre cómo ella la ha inspirado en su vida y por qué la citó en su discurso de aceptación del Premio Goldman?

FRANCIA MÁRQUEZ: Empecé mi lucha a los 15 años cuando me uní a la comunidad en la defensa del río Ovejas, donde yo crecí, donde iba por las noches a pescar, donde hice minería tantos años y donde mis mayores también hicieron minería. El río iban a ser desviado a una represa que se llama Salvajina que construyeron en los años 80 y cuya construcción violentó profundamente los derechos de la gente de esa región. Salvajina ayudó a que en la parte alta le quitarán la tierra a la gente, sin pagarle y sin hacer un estudio sobre los impactos que esta represa iba a causar en la comunidad. Y en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, ayudó a que el monocultivo de caña de azúcar se implementara y también a que se despojara a la gente de las tierras que cultivaban y de las cuales vivían. Entonces, he vivido esas dos luchas: la lucha por defender el río y la lucha por defendernos de la minería, que es en definitiva la lucha por defender el territorio. Conocí a Berta, pero no recuerdo muy bien cuándo. Fui a Perú con una señora garífuna que se llama Miriam Miranda, que también es de Honduras, y Berta Cáceres, creo que fue a finales de 2014, para hablar del derecho fundamental a la consulta previa. Y después vi que recibió el premio y que estaba muy contenta. Berta es una mujer que me ha inspirado mucho, y siento que fue asesinada vilmente por defender la vida, por defender su territorio, por defender a su pueblo. Es la misma injusticia que nosotros hemos vivido en Colombia. Su asesinato me marcó profundamente, lloré mucho y me dolió enormemente. Creo que hay que recordarle a la gente que debemos seguir empujando su pensamiento y empujando su lucha y, sobre todo, hacerlo con amor porque lo que está en juego aquí no son los derechos de la comunidad negra, o de las comunidades indígenas, son los derechos de los seres humanos. El calentamiento global no va a destruirnos sólo a nosotros como pueblo, va a destruir a la humanidad, va a destruir el planeta. Todos tenemos que tener conciencia de que no podemos seguir abusando de la Madre Tierra, de que no podemos seguir destruyendo la casa común. Tenemos que hacer las transformaciones necesarias. Tenemos que cambiar ese modelo económico de muerte para pensar en un modelo económico que garantice la vida no sólo de nosotros, sino también de las próximas generaciones.

AMY GOODMAN: Quiero hablar sobre su valentía. Usted tiene 36 años, es madre soltera de dos hijos y estudia Derecho. En 2014, lideró una marcha de mujeres de más de 320 kilómetros desde La Toma hasta Bogotá. Cuéntenos sobre su decisión de liderar a esas mujeres, y qué estaban reclamando en ese momento en el que usted enfrentaba amenazas de muerte. Eso fue un año antes de que Berta ganara el Premio Goldman, y dos años antes de que fuera asesinada.

FRANCIA MÁRQUEZ: Empecé a estudiar Derecho para tener herramientas jurídicas y poder, de alguna manera, ayudar a mi comunidad. Me sentía muy vulnerable cuando veía que llegaba un funcionario público a hablar en un lenguaje técnico o jurídico que nosotros no entendíamos. Había abogados que nos apoyaban, pero ellos tenían que venir desde Bogotá y eso terminaba generando mucho desgaste. Entonces, aunque no tenía condiciones para estudiar, fui y me anoté en la Universidad Santiago de Cali. Dije no tengo plata, pero voy a ver cómo hago para estudiar porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Y, efectivamente, aunque he tenido muchas dificultades, he ido avanzando. Estaba estudiando cuando una mañana me llamaron mis compañeras que se habían quedado en la comunidad —-yo en ese momento ya había sido desplazada de mi hogar—- y me dijeron: “Francia, nosotros vamos a ir a parar la minería. Vamos a sacar las retro-excavadoras, las máquinas que están destruyendo el río. No aguantamos más. Esas máquinas están trabajando día y noche. Nosotros no podemos dormir por el ruido, y es una tristeza ver cómo nuestro río está siendo destruido”. Ese día no fui a la universidad, tomé un bus y fui a la comunidad. Cuando llegué ya las mujeres, junto a los jóvenes y al resto de la comunidad, estaban diciéndole a estos señores que tenían que salir del territorio, que ellos no tenían permiso para una explotación minera ahí. Ellos intentaron ponerse como agresivos y dijeron: “ustedes en montón (en grupo/todos todos juntos?), son muchos, pero solos, en realidad, no son nadie”. Y eso fue como una amenaza, como decir después lo vamos a agarrar solitos por ahí. Y, de hecho, varias compañeras empezaron a recibir mensajes con amenazas, diciendo “dejen de joder, dejen de oponerse, que nosotros ya sabemos dónde estudian sus hijos, sus hijas”, con nombre propio. Después de ver eso, empecé a escribirle a funcionarios públicos, a hacer denuncias en la Fiscalía, en la Defensoría. En la Defensoría, los mismos funcionarios me decían: “Francia, nosotros mismos ya no sabemos qué más hacer. Hemos puesto en evidencia la situación ante todo el mundo, ante todos los funcionarios y nadie está haciendo nada”. Yo había visto el caso de un señor que se apellida Moncayo, quien había hecho una movilización nacional sólo porque su hijo había sido secuestrado por un actor armado (grupo armado?) y había logrado movilizar a todo el país. Entonces, dije: si él pudo hacer eso, yo también voy a hacerlo. Fui a la comunidad, hice una reunión y les dije a las mujeres que iba a movilizarme, que iba a recorrer todo el país con mis hijos contando lo que estábamos viviendo, haciéndolo visible y llamando la atención para que el gobierno parara de una vez la minería ilegal. Ellas tenían miedo y estaban asustadas. Nunca habían participado en una movilización, nunca habían ido a la capital y no querían dejar sus hijos solos. Entonces, como en rebeldía les dije: “Con ustedes o sin ustedes. Si no me acompañan, voy sola”. Al verme así, 15 mujeres dijeron “nosotras vamos a ir”. Las otras que no podían ir dijeron que ellas se quedaban cuidando a los niños. Iniciamos la caminata y fuimos hablando en cada pueblito que pasábamos sobre estas problemáticas con la gente y fuimos generando una sensibilización sobre el tema. Después, al norte del Cauca, que es nuestra región, más mujeres se sumaron. Se sumaron mujeres de Guachené, de Santander de Quilichao, de Buenos Aires, de Caloto, y estábamos nosotras que íbamos desde Suárez. A Bogotá llegamos 80 mujeres en total y muchos jóvenes, quienes luego se convirtieron en guardianes cimarrones para cuidar sus territorios. Fue un proceso bonito y llegamos hasta Bogotá. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta de parte del Estado. El Gobierno no quería prestar atención. Entonces, tomamos el Ministerio del Interior. Nos metimos al ministerio, pegado a la casa presidencial. En ese momento dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional y nosotros dijimos: “No, nosotros no somos ninguna amenaza. Nosotros no somos asesinas. Nosotros venimos aquí a que ustedes nos protejan. Allá, nuestro hogar está siendo destruido, nuestro territorio está siendo destruido. El río y nuestros cuerpos están siendo envenenados con mercurio. Y ustedes no están haciendo nada. Nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que ustedes paren las dos mil retroexcavadoras que están destruyendo el departamento del Cauca”. Nos quedamos cuatro días. Hicimos un gran esfuerzo, pero logramos hacer un acuerdo para que el Gobierno pare la minería ilegal. Le solicitamos también revisar los títulos mineros que se habían entregado, desde nuestro punto de vista, de manera inconstitucional, violando derechos fundamentales y violando tratados internacionales sobre derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT. Después de lograr ese acuerdo, le solicitamos al Gobierno hacer un estudio sobre los impactos ambientales, económicos, culturales y sociales que había generado la minería. Fue un gran desgaste hacer un seguimiento de esos acuerdos, y hasta ahora el Gobierno no ha cumplido. Esperamos que con este premio podamos encontrar instituciones o universidades que estén dispuestas a apoyarnos en la realización de estudios que den cuenta de los niveles de contaminación que hay en el agua y que muestren los impactos que ha generado la minería en el Cauca y, por qué no decirlo, también en varias regiones del país.

AMY GOODMAN: Quiero hablar ahora de la profesora y ex Pantera Negra Angela Davis y su mensaje de solidaridad hacia el pueblo de La Toma. Davis dijo: “Lo que yo llamo el complejo industrial-penitenciario nos permite ver claramente cómo se usa el racismo para generar beneficios. De hecho, esa relación es evidente aquí en esta región minera, donde los intereses mineros comerciales promueven un tipo de racismo que genera grandes ganancias”. Escuchemos a Angela Davis expresando su solidaridad para con el pueblo de La Toma en 2015.

ANGELA DAVIS: Dada la crisis actual en Colombia, en el Valle del Cauca, es nuestra responsabilidad solidarizarnos con el pueblo de La Toma y con la valiente lucha de Francia Márquez y el movimiento de mujeres negras en defensa de la vida y de los territorios ancestrales. Ellos dicen que las vidas negras, las vidas indígenas y las vidas de los campesinos sí importan.

AMY GOODMAN: Esa era Angela Davis hablando en solidaridad con su trabajo. ¿Qué impacto tienen este tipo de mensajes?

FRANCIA MÁRQUEZ: Conocí a Ángela Davis en Estados Unidos cuando vine por primera vez, en 2010, en San Francisco, California. Ella es un mujer afrodescendiente que me ha inspirado. Conozco también la lucha antirracista que se se viene haciendo aquí desde hace muchos años y sé que ella ha sido parte también de esa lucha. Nosotros llegamos a Estados Unidos buscando solidaridad. Queríamos que una voz fuerte retumbara y ayudara a parar el desplazamiento que estábamos sufriendo en Colombia. Recuerdo que cuando hablé con Ángela Davis, ella me dijo: “No puedo negarme a ser solidaria porque hace 40 años yo fui condenada a pena de muerte y fue la solidaridad internacional la que salvó mi vida. Por eso, ahora tengo que aplicar también esa solidaridad recíprocamente a comunidades que están siendo violentadas injustamente”. Para mí ella fue una inspiración. Ella escribió varias cartas para solicitarle al gobierno de Estados Unidos que incidiera al gobierno de Colombia para que la comunidad de La Toma no fuera desplazada. Hubo también organizaciones, como la Oficina en Washington para América Latina, que nos ayudaron a hacer mucho lobby e incidencia aquí en Estados Unidos. Entendemos que el problema que nosotros tenemos es un problema global. Hay responsabilidad por parte de las empresas transnacionales en lo que está ocurriendo. El capital extranjero tiene responsabilidad frente a las violencias que nosotros estamos viviendo. Las empresas multinacionales son parte de Estados Unidos. Tienen capital en este país, por lo que de alguna manera este país tiene que frenar su accionar allá, (en Colombia). Estas empresas no pueden seguir explotando el territorio y violentando los derechos de la gente. Para mí esa solidaridad transnacional es importante también para generar conciencia en la gente de acá de que a costa de esa forma de explotación económica y visión de desarrollo, comunidades en el mundo están sufriendo violaciones sistemáticas.

AMY GOODMAN: Francia, cuéntenos acerca de las corporaciones que se están instalando en su comunidad. ¿Quiénes son esas corporaciones y de dónde provienen? ¿El gobierno colombiano está facilitando esto en medio del proceso de paz actual? Estas corporaciones se están instalando en su tierra ancestral.

FRANCIA MÁRQUEZ: No solo en la Toma, sino también en mi municipio y en el norte del departamento del Cauca, donde mayoritariamente están asentadas comunidades afrodescendientes e indígenas, hay empresas como AngloGold Ashanti, que es la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera a cielo abierto.

AMY GOODMAN: ¿De Sudafrica?

FRANCIA MÁRQUEZ: Es sudafricana, pero tiene capital inglés (capital o capitales?), y tiene capital de varios países, incluso Estados Unidos. También está Cosigo Resources, una empresa canadiense, y que me imagino también tiene capital de varios países. Y está una empresa que se llama Panamerican Limitada, que creo es una filial de AngloGold Ashanti. Pero también hay personas foráneas, personas que son colombianas pero que lo que hacen es solicitar un título (de propiedad) y después quieren venderlo a una empresa multinacional. En el caso de La Toma, había dos personas. Un señor que se llama de Héctor Sarria, y cuyo hermano se llama Jesús Amado Sarría. Esta persona está presa por vínculos con el narcotráfico. Y había otra persona que se llama Raúl Fernando Ruiz, quien también es colombiano. Los dos querían tener un título para después venderlo a las empresas multinacionales. Entonces, es un juego. Nosotros todavía no hemos hecho un estudio minucioso sobre el origen de la plata de cada una de estas multinacionales, pero sabemos que hay responsabilidad por parte de distintos estados. Y los estados tienen que frenar a sus empresas y que no sigan obteniendo su economía a costa del sufrimiento de la gente y a costa de la violación de derechos humanos. Eso es parte de lo que hemos venido pidiendo y por eso terminamos siendo objetivo militar. Y a Berta Cáceres, por denunciar esas cosas así de frente, terminaron asesinándola. Creo que eso parte de la discusión es que hay que tener. Al hablar sobre estos temas de frente, siempre terminas siendo objetivo militar. No solamente por parte de los actores armados. Nosotros hoy sentimos que tenemos que defendernos del Estado colombiano en vez del Estado social de derecho defendernos a nosotros.

AMY GOODMAN: Según el diario The Guardian, “el año pasado, el primer año completo de paz en Colombia, después de medio siglo de conflicto, fue el más mortífero jamás registrado para quienes trabajan en defensa de los derechos humanos, con 121 asesinatos, en comparación con los 60 de 2016”. El número de asesinatos de activistas por los derechos humanos se duplicó en Colombia. ¿Qué la hace ser tan valiente?

FRANCIA MÁRQUEZ: Esa es una situación que nos preocupa mucho porque muchos de nosotros creíamos que el proceso de paz también iba a significar tranquilidad para nosotros. Reconocemos que el enfrentamiento entre actores armados ha disminuido el número de muertos, pero no disminuyó el número de muertos en términos de líderes y lideresas que siguen siendo asesinados. Y esa es una de las preocupaciones más grandes hoy en Colombia. Eso muestra cómo el proceso de paz se está desmoronando. Se está desmoronando porque hay una élite también a la que le interesa seguir sosteniendo ese conflicto armado. Ellos lucran y viven de eso. Entonces, creo que el desafío que hoy tenemos como colombianos y colombianas es ver cómo logramos garantizar que los líderes y lideresas no sigan siendo asesinadas. Pero también están siendo judicializadas. Tengo dos compañeras, Sara Liliana Quiñones y su mamá Tulia Valencia, que han sido judicializadas, acusadas de ser miembros de un grupo armado, del ELN. Ellas son mujeres que han vivido hechos victimizantes en Tumaco. Han sido desplazadas forzosamente de su territorio por pelear, como yo peleo, para que en su territorio no haya minería, para que no haya cultivos de uso ilícito. Y el pago de eso es que el gobierno ahora las está judicializando. Creo que ese es un problema muy grande que todavía tiene Colombia por resolver para poder avanzar a una paz. Pero creo que hay dos visiones acerca de la paz. Una es la visión de quienes queremos que la paz llegue al territorio porque queremos vivir tranquilos, porque no queremos que nuestros territorios continúen siendo campos de guerra. Y hay otra visión desde la institucionalidad y es la paz para avanzar en un modelo económico en el cual las empresas avancen con sus explotaciones donde antes nunca habían podido llegar porque había un conflicto armado, porque los actores armados estaban ahí. Entonces, ellos dicen, “bueno, hagamos la paz para poder avanzar con la locomotora minera, para avanzar en el modelo minero extractivista”. Eso necesariamente implica que como comunidad vamos a seguir luchando y defendiendo nuestros territorios. Y también vamos a seguir teniendo una situación de riesgo para nuestras vidas, para nuestra gente, para nuestras comunidades.

AMY GOODMAN: ¿Cómo afecta esto a las elecciones presidenciales de este año en Colombia?

FRANCIA MÁRQUEZ: Esa es una buena pregunta. Ahora mismo lo que está en juego es eso: o queremos una paz y pensamos un gobierno que avance en un proceso que permita lograr una paz con justicia social y permanente; o elegimos un gobierno que lo que quiere es la confrontación armada, que lo que quiere es avanzar con un modelo económico extractivista y no, pensar otra visión de desarrollo. Nunca había participado antes en política, pero acabo de ser candidata a la Cámara de Representantes por comunidades negras y hoy he dicho que voy a apoyar a Gustavo Petro en su programa de Colombia Humana porque es el programa que he visto más asequible y con mejores posibilidades de garantías para nosotros como pueblos afrodescendientes, como comunidades indígenas, como mujeres, como jóvenes para vivir en una Colombia distinta y para hacer de Colombia una Colombia en la cual nos miremos sin tener que matarnos por pensar diferente. Una Colombia donde podamos construir un futuro mejor, pero sobretodo una Colombia que piense en cambiar ese modelo extractivista por un modelo de energías limpias, de energía sostenibles. Ese es el programa que he visto [con Petro]. Es un programa que cumple con mucho de lo que hemos venido planteando y por lo que mucha gente ha muerto en el país.

AMY GOODMAN: Ha venido a Estados Unidos para recibir el precio Goldman, pero su lucha está en Colombia. ¿Cómo pueden ayudar las personas desde Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos importante para su trabajo en Colombia?

FRANCIA MÁRQUEZ: Hay políticas de Estados Unidos que están dirigidas a Colombia. Puedo decirle que el Plan Colombia fue una política que violentó los derechos de la gente allá. Esa política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito no ha funcionado. Y no ha funcionado porque no solamente es que se puedan llevar aviones para que vayan a echar veneno allá a muchos que son nuestros territorios donde llegó la presencia de cultivos de uso ilícito del narcotráfico llegó pero que no lo pudimos evitar, si? también por el abandono del Estado porque en una comunidad donde el Estado no llega para brindar condiciones de vida digna, la gente termina optando por resolver la vida de cualquier manera. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para que la gente no siga consumiendo acá los productos de la droga que llegan desde allá? ¿Quién se lucra de este negocio? ¿Quién se lucra de las armas que se usan para llevar la guerra a Colombia o a cualquier parte del mundo? Creo que estamos ante un desafío. Creo que todo esto ocurre a conciencia de la gente de Estados Unidos. Acá decidieron votar por un presidente, y no voy a decir si es el mejor o el peor, ustedes juzgarán la decisión que tomaron…pero sí nos corresponde decir que muchas de estas decisiones terminan haciendo daño en nuestro país, en muchos otros países, en el mundo y a la humanidad.

AMY GOODMAN: ¿Ha visto armas estadounidenses en Colombia, por ejemplo, en el ejército colombiano?

FRANCIA MÁRQUEZ: Sí, claro. El conflicto armado en Colombia se ha sostenido siempre con el apoyo de Estados Unidos.

AMY GOODMAN: Francia Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos.

FRANCIA MÁRQUEZ: Gracias a ustedes.

AMY GOODMAN: Francia Márquez es activista comunitaria afrocolombiana, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2018 para Centroamérica y Sudamérica. Márquez ha ayudado a organizar a las mujeres de su comunidad en La Toma y otros lugares, para detener la extracción ilegal de oro en sus tierras ancestrales. Una de las acciones en las que ha participado es una marcha de 80 mujeres durante 10 días a lo largo de más de 320 kilómetros hasta Bogotá, la capital de Colombia, que llevó a la remoción de los emprendimientos mineros ilegales de su comunidad. Ella sigue luchando por esta causa. Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman. Muchas gracias.

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