El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. Uribe fue condenado por sobornar a miembros encarcelados de grupos paramilitares para que cambiaran testimonios que lo perjudicaban y que exponían los vínculos de Uribe con grupos paramilitares de derecha respaldados por Estados Unidos. Uribe fue un firme aliado de Estados Unidos que gobernó Colombia de 2002 a 2010. Durante su presidencia hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego fueron identificados intencionalmente como combatientes rebeldes en lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos”. Las ejecuciones tuvieron lugar entre 2004 y 2008, cuando el ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, intensificó su represión contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
“Uribe es un hombre supremamente poderoso, es el líder más reconocido de la extrema derecha colombiana, que intentó imponer en el año 2002 un modelo de sociedad en el cual las mafias narcoparamilitares se legalizaran y ejercieran un dominio”, dice el senador y activista por los derechos humanos Iván Cepeda, quien encabezó los esfuerzos para investigar los vínculos de Uribe con los paramilitares.
Transcripción
AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, soy Amy Goodman, con Juan González.
Hoy hablamos de Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. Uribe fue condenado por sobornar a miembros encarcelados de grupos paramilitares para que cambiaran testimonios que lo perjudicaban y que exponían los vínculos de Uribe con grupos paramilitares de derecha respaldados por Estados Unidos.
Uribe fue un firme aliado de Estados Unidos que gobernó Colombia de 2002 a 2010. Durante su presidencia hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego fueron identificados intencionalmente como combatientes rebeldes en lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos”. Las ejecuciones tuvieron lugar entre 2004 y 2008, cuando el ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, intensificó su represión contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Para más información nos acompaña desde Bogotá, la capital colombiana, el senador de izquierda Iván Cepeda, quien encabezó los esfuerzos para investigar los vínculos de Uribe con los paramilitares. El padre de Iván Cepeda, el líder político de izquierda Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994.
Es un honor tenerlo con nosotros, Iván Cepeda, ¿puede hablar sobre la importancia de lo que le acaba de suceder a Uribe, su condena y sentencia, y lo que significa para una audiencia global?
IVÁN CEPEDA: Bueno, gracias a Amy Goodman, a Juan González y a Democracy Now. Yo creo que tiene dos grandes significados. Este hecho judicial que se ha producido el pasado 28 de julio. El primero es que no había ocurrido en Colombia que un ex jefe de Estado o jefe de Estado en ejercicio fuera juzgado y menos, por supuesto, condenado.
Y en segundo lugar, que se trata de un hombre supremamente poderoso. Es el líder más reconocido de la extrema derecha colombiana. Y yo diría que un líder muy visible de la extrema derecha en el continente y que intentó imponer en el año 2002 un modelo de sociedad en el cual las mafias narco paramilitares se legalizaran y ejercieran un dominio.
JUAN GONZÁLEZ: Nos puede dar detalles de la evidencia en contra de Uribe y su conexión personal al caso.
IVÁN CEPEDA: En el año 2011, cuando yo pasé de ser miembro de una organización de derechos humanos a congresista defensor de derechos humanos, dos paramilitares entregaron declaraciones en las cárceles que decían que Uribe había fundado un grupo paramilitar en una de sus grandes haciendas. Hice un debate en el Congreso sobre ese asunto y Uribe creó un aparato criminal en el que más de 20 falsos testigos intentaron engañar a la justicia. Esos falsos testigos eran paramilitares o narcotraficantes.
JUAN GONZÁLEZ: Uribe lo acusó de difamación en el 2012. ¿Nos puede explicar un poco qué pasó ahí?
IVÁN CEPEDA: Sí, Uribe intentó decir que las declaraciones de los paramilitares eran una calumnia y que yo había intentado sobornarlos a través de ofrecimientos de dineros y de ayuda jurídica para que ellos testificarán en contra de él y de su hermano Santiago. Luego de la investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, la corte demostró que yo no había incurrido en ningún delito y que por el contrario, había razones para investigar a Uribe y se invirtieron entonces los lugares. Uribe pasó a ser el investigado en 2018 y yo pasé a ser la víctima.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede hablar de otras investigaciones en contra de Uribe, especialmente cuando él era gobernador de Antioquia, en los 90, en 1997, y una masacre de campesinos [a manos] de los paramilitares?
IVÁN CEPEDA: Sí, Uribe tiene múltiples investigaciones, pero aquellas de la década de 1990, cuando él era gobernador de Antioquia, son básicamente tres grandes investigaciones. Una es por el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, que fue asesinado por sus denuncias en materia de violaciones que se estaban cometiendo bajo el gobierno departamental de Uribe.
En segundo lugar, las masacres de El Aro y La Granja, que fueron masacres que perpetraron los grupos paramilitares.
Y la tercera situación es la creación de este grupo paramilitar en su hacienda, el llamado bloque Metro. Esas tres investigaciones ahora forman un solo caso y van a tener seguramente un impulso a raíz de esta decisión que se ha tomado en mi caso, puesto que lo que estaba intentando Uribe era ocultar su responsabilidad presunta en esos hechos que se estaban investigando de paramilitarismo.
AMY GOODMAN: Senador Cepeda, usted está sentado en su despacho, y detrás de usted hay un letrero que dice 6.402. ¿Puede explicar qué significa ese número? ¿Y podría contarnos también lo que le pasó a su padre, el líder político de izquierda Manuel Cepeda?
IVÁN CEPEDA: Bueno, esa cifra es la que han establecido las autoridades judiciales que fueron las víctimas de los mal llamados falsos positivos bajo los dos gobiernos de Uribe. Se presume que son muchas más, pero por ahora la Justicia habla de 6402 víctimas jóvenes que fueron asesinados por miembros de Fuerza Pública y presentados como si fueran terroristas o guerrilleros ante la opinión pública.
Y con relación a mi padre, mi padre fue asesinado ya hace más de 30 años y hoy en día, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha reconocido que fueron militares los responsables del asesinato de mi padre en una operación conjunta con paramilitares. El Estado colombiano ha pedido perdón y hay algunos de los responsables, sobre todo materiales, que han ido a la cárcel.
AMY GOODMAN: Quería preguntarle sobre el papel de Estados Unidos a lo largo de estas décadas con el apoyo a lo que se conoce como el Plan Colombia, y ahora con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien denunció el juicio contra Uribe y escribió en las redes sociales: “El único delito de Uribe ha sido luchar y defender incansablemente su patria. El uso del poder judicial de Colombia como un arma política por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Esto casi me hace pensar que se podrían imponer más aranceles a Colombia para liberar [a Uribe] de su arresto domiciliario”. ¿Puede comentar sobre el papel de Estados Unidos a lo largo de estos años, senador Cepeda?
IVÁN CEPEDA: Bueno, sobre los años del Plan Colombia, está claramente establecido que, durante la vigencia de ese plan, Colombia vivió su peor época de violación masiva de derechos humanos. Las peores cifras, cifras realmente enormes de desplazamiento forzado, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y crecimiento del paramilitarismo se dieron exactamente en los años en que se suponía que esta ayuda que estaba dando el gobierno de Estados Unidos iba a contribuir a superar la violencia en Colombia.
Y con relación a las declaraciones del secretario Marco Rubio, yo quiero simplemente suscribir lo que ha dicho el representante a la Cámara, el demócrata Jim McGovern: es una declaración vergonzosa porque implica una intromisión grosera en la soberanía de nuestro país a través de una acusación temeraria contra todo el Poder Judicial y contra una juez que ha actuado en el ejercicio del Estado de derecho para condenar, por razones claramente jurídicas, a un ex mandatario que es un ciudadano como cualquier otro. Así que, como lo hizo ayer el presidente Petro, exigimos que se respete nuestra soberanía como nación.
JUAN GONZÁLEZ: Ya son casi diez años desde que el Gobierno de Colombia llegó a un acuerdo de paz con las FARC, el grupo guerrillero más grande de Colombia, de los muchos que había en el país en los últimos 60 años. ¿Cuál es el estado hoy en día de la violencia política en Colombia? ¿Los sindicatos laborales y organizaciones de derechos humanos están libres para operar en el país?
IVÁN CEPEDA: El proceso de paz y el acuerdo de paz de 2016 significó un avance histórico en Colombia. Hubo efectivamente una reducción significativa de la violencia y en algunas partes del país se logró llegar a una situación mejor en materia de derechos humanos, pero lamentablemente esto no significa que se haya acabado la violencia. Hay todavía grupos guerrilleros, hay organizaciones del narcotráfico, redes paramilitares que siguen operando y en ese sentido el problema del narcotráfico sigue siendo un problema esencial en Colombia, que requiere una solución distinta a la que se ha planteado.
Y por último, diría que este gobierno, el gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, tiene unos recursos muy importantes con relación a un descenso enorme en materia de violaciones de derechos humanos, las fuerzas Militares en estos años han registrado que los hechos violatorios de derechos humanos han decrecido significativamente y en algunos casos casi que desaparecido.
JUAN GONZÁLEZ: Quisiera preguntarle en términos del gobierno presente del presidente Petro y la posición de su gobierno en términos de la guerra de Israel en contra de los palestinos, y especialmente del genocidio en Gaza. Su presidente ha sido uno de los que han condenado de forma más firme a Israel. ¿Nos puede hablar de cuál ha sido la reacción tanto de otros gobiernos en América Latina como en el resto del mundo a la posición de Colombia?
IVÁN CEPEDA: El presidente Petro, para orgullo nuestro, ha cumplido un rol de líder internacional en este campo. No solamente antes de que comenzara esta fase, esta última fase del genocidio contra el pueblo palestino, hizo propuestas para una conferencia internacional para que se resolviera el problema entre Israel y Palestina por la vía pacífica, sino que cuando comenzó esta fase del ataque más criminal, obviamente la acción de Hamás, pero sobre todo este genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno israelí, el presidente Petro asumió una posición vertical, de ruptura de relaciones con ese gobierno, de búsqueda de justicia y de detener inmediatamente el genocidio contra el pueblo palestino. Hay voces en América Latina y el concierto internacional que han acompañado esa posición, pero es evidente que, frente a un hecho tan grave que afecta a la humanidad, la respuesta tiene que ser una respuesta mucho más clara y decidida por parte de la comunidad internacional en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en fin, en otras partes del planeta en la cual la reacción ha sido, hay que decirlo, débil por parte de los gobiernos.
AMY GOODMAN: Senador Iván Cepeda, queremos darle las gracias por acompañarnos. Defensor de los derechos humanos, se comunicó desde Bogotá, la capital de Colombia. El padre de Iván Cepeda, el líder político de izquierda Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994.
Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman, con Juan González.
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