El Gobierno etíope ha declarado un estado de emergencia nacional de seis meses, y anunció que se está preparando para defender la capital, Addis Abeba, de las fuerzas rebeldes de la región de Tigray, que advirtieron que invadirían la ciudad en cuestión de “meses, o incluso semanas”. El estado de emergencia permite que el Gobierno imponga toques de queda y establezca puestos de control en las carreteras, y que las fuerzas armadas etíopes tomen el control de determinadas zonas del país. El Gobierno también ha pedido a los ciudadanos que se levanten en armas contra los combatientes rebeldes.
Esto se produce al tiempo que Naciones Unidas ha condenado las atrocidades cometidas contra los derechos humanos que fueron reveladas por una investigación conjunta sobre la guerra en la región de Tigray. La ONU declaró que todas las partes involucradas en el conflicto, incluidas las fuerzas armadas de Eritrea, habían cometido violaciones al derecho internacional humanitario, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Algunas de las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, y violencia sexual y de género. La ONU también acusó al Gobierno de Etiopía de haber intentado limitar la investigación.
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